Unos cuantos miles, arrogándose inconstitucionalmente el ejercicio del poder del pueblo, han bloqueado carreteras, causado zozobra, alarma y temor a la población empleando artefactos explosivos y otros pertrechos, ocasionando estragos y grave perturbación de la tranquilidad pública con efectos en nuestra economía e imagen internacional, todo por su infundado capricho de no reconocer el orden constitucional y democrático al haberse vacado correctamente a Pedro Castillo.

No reconocen a Dina Boluarte y quieren cerrar el Congreso de la República, bajo el erróneo argumento que no los representan, cuando ellos mismos los eligieron por un periodo de 5 años. Todos, incluso las actuales autoridades, tienen que entender que el ordenamiento constitucional no se debe alterar por la amenaza de una minoría que ha originado escenarios de riesgo contra la Seguridad Nacional.

También debe quedar claro que el estado de emergencia –en vigencia– significa efectuar acciones efectivas para recuperar la paz social, y todos los peruanos debemos aceptar que –en este periodo– está prohibido las reuniones, especialmente aquellas que generaron daño público, el cierre de aeropuertos y bloqueo de carreteras, afectando el abastecimiento. El imperio de la ley es un imperativo, no se negocia con quien viola la ley: el Perú merece respeto; ¿lo burlaréis?