El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que no va a pagar la compensación de US$ 46 millones que otorgó la Cámara de Arbitraje Internacional de París a la empresa Lima Expresa luego que la comuna metropolitana decidiera romper el contrato de concesión de la vía expresa Línea Amarilla.

Desconocer un fallo arbitral, así como un contrato, era algo impensado hasta hace unos años en el Perú, pero el actual burgomaestre parece tener patente de corso para afectar la estabilidad jurídica que se requiere para atraer inversión. Seguro por esta y otras críticas nos gritará “mermeleros”. No importa, es parte de su circo. Lo tomamos con gracia.

Recordemos que antes de que los Rolex de la presidenta, y sus patéticos intentos de control de daños se comieran la agenda pública, el Ejecutivo estaba centrado en sus planes “Con punche” y uno de ellos tenía como fin volver a atraer inversionistas al país. Lo que hace el alcalde de Lima es cualquier cosa menos un aliciente para que las grandes inversiones volteen a ver al Perú.

Pero no podemos esperar que un Ejecutivo débil, que necesita aliados con bancada, como López Aliaga, para mantenerse en el poder, alce la voz contra esta situación.

El alcalde de Lima tiene razón al decir que él no pagará nada, porque quienes asumiremos el costo de sus pataletas seremos nosotros, los vecinos que sufrimos Lima, una ciudad que está lejos de ser la “potencia mundial” que prometió en campaña.