La Comisión de Constitución del Congreso terminó por insistencia la norma para que toda reforma constitucional pase previamente por el Legislativo antes de ser sometido a un referéndum. Esto prácticamente le cierra el paso a una asamblea constituyente, promovida por personajes afines al Gobierno actual.

Si bien es cierto, el presidente Pedro Castillo y sus ministros últimamente no se han manifestado al respecto, son conocidos sus deseos de propiciar el escenario para una nueva Constitución. Esperemos que no insistan en una propuesta que solo genera desestabilización económica y política.

Ojo que renegar de la Carta Magna por la que juró cumplir, se traducirá no obstante en inseguridad jurídica que desalentará las inversiones y pone trabas insalvables al económico. Es cierto que estamos inmersos en una crisis sin precedentes, pero los que no funcionan son nuestros gobernantes, no nuestra Constitución.

El desafío del Gobierno es sacar adelante el país con consenso y un proyecto común. Para ello se deben plantear acciones que unan, en las que no haya lugar para la demagogia y los intereses decididos. Y mucho menos, espacio para discursos que quieren conducir al Perú a ese abismo en el que se reinaugura la violencia.