Lo que en muchos países significa ponerse a trabajar, en el Perú “manos a las obras” se convierte en una frase que grafica la cotidiana y cruda realidad que vivimos: la capa técnica necesaria para sacar adelante las obras públicas ha sido socavada e infestada por intereses políticos y particulares que priman al momento de su ejecución. ¿La consecuencia? Obras paralizadas, sobrecostos, arbitrajes y un desorden institucional en el que solo ganan algunos. Es decir, corrupción.

La corrupción encuentra campo fértil en este caos institucional para el cual parece no haber voluntad de hallar solución. Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil crear sanciones altamente disuasivas para empresas corruptoras? En el sistema actual, las empresas que incurren en actos de corrupción son suspendidas temporalmente. Culminada su sanción, podrán volver a contratar con el Estado o crear una nueva razón social para competir en nuevas licitaciones con impunidad.

¿Qué hacen las autoridades actuales frente a esta situación? Poco. La modificación de la Ley de Contrataciones enviada por el Ejecutivo al Congreso es una modificación parcial y superficial que no ataca los problemas de fondo. El Ejecutivo necesita tomar medidas concretas para combatir este mal que lo único que hace es acrecentar las brechas y diferencias entre peruanos, pues socava la capacidad del Estado para proveer servicios públicos fundamentales. A problemas profundos, soluciones firmes.

El Perú no puede esperar más. No queremos volver a vivir los hechos que sumergieron al país en una profunda crisis social. Menos política y más política pública hecha por los técnicos que conocen los problemas y también las soluciones de la gestión de infraestructura.