Para los “inocentes” que durante la campaña presidencial creyeron en el discurso anticorrupción del entonces candidato Pedro Castillo, allí lo tienen ahora nombrando como ministro del Interior a un expolicía de espantosa foja de servicios, que luego se convirtió en abogado del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, de su partido que tiene a cinco miembros en calidad de prófugos por el caso “Los dinámicos del centro” y del expremier Guido Bellido, investigado por terrorismo y lavado.

El ministro Luis Barranzuela también ha sido parte del estudio de abogados que defiende al congresista oficialista Guillermo Bermejo, con quien ha hecho activa campaña por la no erradicación de los cultivos de la hoja de coca, cuando se sabe que apenas un 10 por ciento de la producción tiene un uso legal y que el resto sirve de insumo principal para la elaboración de drogas por parte de bandas de narcotraficantes que hoy operan en el VRAEM en alianza con residuos del terrorismo.

En otras palabras, el hombre que en la campaña agitaba las banderas de la lucha contra la corrupción y decía tener las manos limpias a diferencia de sus contrincantes, ha puesto en el estratégico Ministerio del Interior a un personaje que no tiene los mejores antecedentes para salir a capturar a los corruptos del oficialismo, en caso así lo disponga la justicia. Difícil que lo haga, si quienes están con un pie en la cárcel han sido sus clientes hasta hace una semana.

Con el nombramiento de Barranzuela el gobierno del presidente Castillo insiste en mantenerse dentro de la turbulencia política, mientras el país sigue en crisis. Pudo poner paños fríos tras la salida del impresentable de Bellido, pero prefirió nombrar al menos indicado para el sector Interior. ¿Tan fuerte es el poder de Cerrón en el gobierno como para hacer que su propio abogado sea nombrado como jefe de la Policía que en algún momento tendría que salir a arrestarlo?

La oposición en el Congreso, esa que aún no se pone a la altura del reto que tiene por delante, debe actuar con firmeza ante la presencia del abogado Barranzuela en el Ministerio del Interior. El Perú no puede ser la chacra de un presidente y de sus amigotes de dudosos antecedentes, que se dan el lujo de nombrar en altísimos cargos públicos a quienes defienden sus intereses manchados de corrupción y producción de droga en zonas donde se asesina a militares y policías.