Si existe una prueba de que la política sí impacta directamente en la economía, basta mirar nuevamente el caso Petroperú. El Ejecutivo ha autorizado otro rescate financiero por aproximadamente dos mil millones de dólares para sostener a la empresa estatal, pero el país sigue sin entender exactamente qué se está rescatando, cuál es el plan de sostenibilidad real y hasta cuándo los peruanos continuarán asumiendo ese costo.

Lo preocupante no es únicamente el monto. Lo verdaderamente grave es el costo de oportunidad. Mientras el Gobierno destina recursos fiscales gigantescos para cubrir los problemas de Petroperú, múltiples proyectos estratégicos continúan paralizados, retrasados o avanzando lentamente por falta de financiamiento, decisión política o capacidad de ejecución.

Con esos mismos recursos, el Perú podría financiar obras transformadoras. El Eje Vial 4 en Amazonas podría convertirse finalmente en una realidad para integrar territorios históricamente desconectados. Chavimochic y Majes Siguas tendrían continuidad, impulsando agroexportación, empleo y competitividad regional.

La Vía Expresa Santa Rosa, cuyo contrato ya fue suscrito, estaría probablemente en plena ejecución, mejorando la conexión hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Incluso proyectos de alcance nacional, como la Nueva Carretera Central o las obras complementarias vinculadas al hub logístico Callao-Chancay, tendrían otro ritmo.

Y mientras se insiste en priorizar rescates sucesivos sin explicaciones claras ni reformas profundas, el país continúa postergando infraestructura que sí genera productividad, integración y desarrollo sostenible. La discusión ya no debería centrarse únicamente en salvar una empresa estatal, sino en definir qué modelo de crecimiento queremos financiar con recursos públicos escasos. Porque cada decisión presupuestal revela cuáles son las prioridades del Estado.