A estas alturas, está claro que el interés de Martín Vizcarra es salvar su pellejo y evitar la cárcel, más que el COVID-19, la reactivación económica o la gobernabilidad del país.

El presidente sabe que apenas se despoje de la banda presidencial, la prisión preventiva lo aguarda y que tiene más opciones de padecerla que cualquier investigado del caso Lava Jato, lo que incluye a Keiko, Humala, Nadine y PPK. Por ello, la estrategia de aferrarse al cargo está lejos de centrarse en la viabilidad del país y lo que busca es la extensión del status quo que le permita tener una cuota de poder para maniobrar políticamente antes de acercarse al filo del abismo judicial que lo espera y al que, por ahora, solo puede presionar mientras sea el inquilino de Palacio.

Nueve meses son vitales para el jefe de Estado. Si la vacancia no prospera, desde la cúspide del Poder Ejecutivo, Vizcarra tendrá el tiempo necesario para apostar por una de sus pocas opciones para eludir la prisión: el asilo político. Por eso es que en su estrategia intenta presentarse como un perseguido por los intereses empresariales mafiosos que siempre han medrado del Estado y que él, supuestamente, terminó socavando.

Una versión risible pero útil para efectos de una justificación diplomática. Por supuesto que para ello necesitará una legación diplomática afín, amigable e ideológicamente cercana que se trague sin masticar sus argumentos falaces y sus embustes infantiles.

Es en ese escenario que a Palacio le ha caído muy bien que el candidato de Evo Morales haya ganado en Bolivia. Más aún si se trata de Luis Arce, el economista que integró la delegación que viajó de Lima a Moquegua por invitación de Vizcarra y en un vuelo generosamente pagado por Obrainsa como parte de su “responsabilidad social”.

El 19 de octubre, Vizcarra felicitó a @LuchoXBolivia por su aplastante triunfo electoral en primera vuelta. En este caso, el acto no sería solo protocolar. Claro está, no será la única carta del presidente y podrá renovar la baraja cada cierto tiempo, sobre todo si el Congreso no aborta sus planes y le da esos nueve meses adicionales y vitales para su supervivencia.