Las organizaciones políticas peruanas sean de tendencia conservadora o sean las progresistas y de izquierda incluyendo las del centro, atraviesan una profunda crisis de representatividad. Muchas de ellas son franquicias electorales a disposición de sus “propietarios”.

Las encuestas muestran la falta de confianza ciudadana en ellas. Se las considera poco democráticas y, en algunos casos, organizadas para aprovecharse de la cosa pública, en beneficio de intereses particulares.

Algunas de ellas, aunque comparten posiciones programáticas y modelos de sociedad a construir, existen separadas compitiendo por ocupar espacios políticos similares.

Manteniendo mis convicciones de izquierda, la que se reclama heredera del pensamiento de José Carlos Mariátegui, tengo que reconocer la existencia de una profunda desconfianza entre quienes compartimos ideales de justicia social, la misma que nos impide avanzar en procesos serios de unidad programática.

La actual crisis política nos obliga a conversar, colocar los planteamientos sobre la mesa, abierta y claramente. Una propuesta de cambio llegó a la Presidencia del país el 2021 y se está desperdiciando a ritmo acelerado con el costo político que ello significa.

Si avanzamos en dotarnos de un programa político, tendremos que construir mecanismos democráticos para la toma de decisiones y la dirimencia de las diferencias, por ejemplo, elección de dirigentes en sufragios supervisados por los organismos electorales, con participación de observadores nacionales e internacionales, contando con un Comité electoral integrado por personas probas.

La fortaleza de una organización se construye desde la base y para ello requiere el desarrollo de confianza personal y política entre sus integrantes. El empleo del debate abierto, así como la crítica y autocrítica permiten corregir errores y superar rencillas. Avancemos en ello.