Tras varios días jugando al misterio y mientra su abogado intentaba por todos los medios que se suspenda la medida, el presidente Pedro Castillo finalmente acudió a la sede del Ministerio Público para declarar como parte de las investigaciones en su contra por supuestos actos de corrupción cometidos en licitaciones dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El presidente es, según el Ministerio Público, cabecilla de una organización criminal enquistada en el Ejecutivo que tiene por finalidad entregar contratos y licitaciones a cambio de sobornos. Por este hecho, Castillo Terrones es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Ante esta situación, un Parlamento medianamente diligente e interesado por el país ya habría iniciado los procesos que le otorga la Constitución para llevar a una sucesión democrática, pero el Congreso está a su propio ritmo, en su propia agenda, en el pago de favores políticos y encubrimientos. Por eso, para seguir con sus tropelías, necesita mantener a Castillo en el poder.

Es una relación simbiótica en todos sus extremos y toda crítica o cuestionamiento entre ambos no pasa de ser una puesta en escena para intentar distraer a la platea.