A días de cumplir cuatro meses de gestión, en el gobierno de Pedro Castillo ya podemos ver una constante en los primeros niveles del gobierno:  los ministros o funcionarios de confianza cuestionados se aferran al cargo lo más que pueden hasta que una interpelación, con miras a una eventual censura, o una revelación periodística sobre sus tropelías terminan por obligarlos a dimitir pese a que su presencia afecta directamente al Ejecutivo.

El último en esta seguidilla de renuncias es el ahora exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco Castillo, quien finalmente dimitió ayer obligado por diligencias preliminares de la fiscalía que incluyeron la intervención del Ministerio Público en Palacio de Gobierno.

Pero otro que sigue aferrado al cargo es el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien desde que asumió al cargo es duramente cuestionado por las personas a las que designó en puestos clave y los acuerdos a los que llegó con un sector de transportistas que no quiere adecuarse a las normas dictadas por el propio gobierno, entre otras irregularidades.

La presencia de Silva en el gabinete es insostenible y el pliego interpelatorio que responderá en el Congreso la próxima semana debería terminar en su censura si es que no renuncia antes.