Durante una reunión con los alcaldes de la provincia de Tarma, el consejero regional Moisés Tacuri García, reveló que de las 391 mineras que operan en la Perla de los Andes solo diez son formales.

Esto quiere decir que dicho número no acata obligaciones tributarias (a través del canon minero), obligaciones laborales (contando con personal del lugar que labora en condiciones y remuneraciones adecuadas) y obligaciones ambientales (cumpliendo con su certificado de impacto ambiental previamente evaluado y aprobado, que obviamente no dañe al ambiente donde se realiza la actividad minera), lo que implica que 381 concesiones mineras se encuentran operando informalmente, con el consiguiente perjuicio para los pobladores de los distritos donde estas mineras se encuentran.

Así, tenemos que en Acobamba hay 17 concesiones, en Palcamayo 13, en San Pedro de Cajas 41, en Huaricolca 34, en La Unión Leticia 76, en Tapo 33, en Palca 44, en Huasahuasi 28 y en Tarma 92.

Se ignora cuál es la situación de las minas informales que se encuentran extrayendo mineral desde hace varios años y las que están en proceso de formalización, desconociéndose cuán grande puede ser el daño ambiental que éstas ocasionan y, menos aún, cuánto pierden los distritos económicamente al no aportar el canon minero.