El Pleno del Congreso aprobó por mayoría incorporar un artículo a la Ley del Feminicidio y modificar a otros con la finalidad de endurecer las sanciones a las personas que atenten contra una mujer.

El proyecto de ley remitido por la Comisión de Justicia del Legislativo fue aprobado con 89 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, el cual señala una pena privativa de la libertad no menor de quince años a quien mate a una mujer por violencia familiar.

Marisol Pérez Tello, presidenta de ese grupo de trabajo, defendió dicha iniciativa y destacó que el Pleno haya dado luz verde a la modificación del Código Penal, ya que consira que urge que el Estado actúe de manera más efectiva frente a casos de mujeres y niñas maltratadas.

La norma también sanciona cuando implique coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza u otra posición o relación que le confiere una autoridad al autor del delito o cualquier acto que implique discriminación por su condición de mujer, independientemente que exista o haya existido relación conyugal, de convivencia o sentimental con el autor.

Además, la pena sería no menor de 25 años si la víctima es menor de edad, embarazada o bajo la tutela del asesino; si hubo violación previa, mutilación, padecía algún tipo de discapacidad o estaba en situación de vulnerabilidad.

CADENA PERPETUA. En caso se presenten dos o más agravantes la pena sería cadena perpetua. La reincidencia será considerada como agravante, con la imposibilidad de aplicarse los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional.

En caso el criminal reincide tras conmutación de pena o fue indultado, el juez aumentará la pena.

Sin embargo, no faltó la oposición de algunos congresistas que refirieron que la norma es discriminatoria. El legislador Alberto Beingolea argumentó que no es necesario hacer más modificatorias a las normas sino que las “leyes se cumplan”.

Ante lo cual, la parlamentaria Pérez Tello sostuvo que en ningún caso se hace una diferencia entre hombres y mujeres, sino que al igual que los casos de terrorismo, se pretende penalizar por el móvil y la ferocidad del delito.