Una nueva denuncia sobre delitos de corrupción ante el Ministerio Público recae sobre funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes (GRT).

Esta vez el denunciante es la Contraloría General de la República (CGR), la misma que realizó un examen especial a las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen, ejecutadas entre enero del 2010 y diciembre del 2011.

DELITOS. El vicecontralor general, Edgar Alarcón Tejada, reveló que se han encontrado indicios de que cuatro funcionarios, y un ex funcionario, habrían cometido el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Los implicados son el presidente regional, Gerardo Viñas Dioses; el vicepresidente, Orlando La Chira Pasache; el ex gerente de Infraestructura, Guilmer Córdova Páker; el actual gerente de Infraestructura, Manuel Saavedra Guzmán; el abogado de la Gerencia de Infraestructura, Juan Carlos Quinde Rioja; y el ex procurador del GRT, Daniel Castañeda Serrano.

DENUNCIA. La Contraloría ya ha denunciado el hecho ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tumbes.

Pero, además, Alarcón Tejada sostuvo que “siendo un caso grave, complejo y de repercusión nacional, debería ser investigado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios”, pues la acción involucraría a importantes funcionarios públicos del gobierno regional, como son el presidente regional, el vicepresidente regional, y el gerente de Infraestructura.

HECHOS. Según explicó el vicecontralor, en diciembre del 2009 el gobierno regional firmó el contrato con la empresa A&J Inversiones SAC, para la ejecución de la obra antes mencionada, con un presupuesto de 17 millones 461 nuevos soles.

El GRT adelantó a la contratista el monto de 10 millones 476 nuevos soles. Pese a ello, la obra quedó paralizada.

Actualmente, ya con el contrato resuelto, la obra está abandonada y con tan sólo un avance físico de 31,9 por ciento, es decir, ni la mitad.

Peor aún, parte de sus estructuras metálicas se encuentran al aire libre, mientras que otras presentan grietas, resultados de una mala ejecución.

Con la acción de control realizada, se “detectó que el GRT habría favorecido en forma indebida a la empresa contratista al no exigir o requerir la culminación de la obra pese a los adelantos otorgados”.

“En este caso la entidad contratante, el gobierno regional, no exigió oportunamente que ese avance físico vaya de la mano con el avance financiero” indicó Alarcón.

PERJUICIO. La Comisión Auditora de la CGR determinó también, que de los más de 10 millones dados en adelanto, sólo se ejecutó en físico 3 millones 226 mil soles, generando un perjuicio económico de 6 millones 774 mil soles.

Pero no todo queda ahí, ya que adicionalmente se generó un arbitraje en el que se resolvió reconocer a la empresa A&J, la suma de 3 millones 300 mil soles por liquidación de obra. No obstante, solo se desembolsó 2 millones 449 mil nuevos soles.

Sumado este monto de liquidación al perjuicio por adelanto, se tiene un total de 9 millones 223 mil nuevos soles, friolera cifra con que se habría perjudicado a las arcas del gobierno.

El vicecontralor, Edgar Alarcón, también indicó que debido al incumplimiento de los plazos establecidos en la ejecución de la obra, el GRT decidió resolver el contrato para ir un arbitraje. Sin embargo, esta acción la habría realizado un funcionario (Juan Carlos Quinde Rioja) que no tenía facultades para hacerlo. No obstante, el abogado habría actuado por encargo del ex procurador, Castañeda Serrano, a quien le fue encomendada dicha acción por el vicepresidente, Orlando La Chira. Después, se llegó a la conciliación que favoreció a la empresa A&J Inversiones.