La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura Ica (ODECMA) abrió investigación preliminar contra el Juez del Primer Juzgado de Investigación de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, por no motivar de forma suficiente el sobreseimiento del caso de los Sánchez Paredes, que terminó con la muerte de los guardaespaldas de los Sánchez Alayo.

El cuestionado juez incurrió en el delito de prevaricato al fundamentar el archivamiento del sonado caso con documentos inexistentes, como afirmar que el servidor judicial Carlos Hernández Medina nunca fue sancionado por el delito de corrupción de funcionarios.

Todo lo contrario, ODECMA Ica abrió proceso disciplinario y este fue suspendido del cargo por seis meses, y no “quedo archivado” el proceso disciplinario aperturado.

La historia se remonta al 9 de octubre del año pasado, cuando Fernández Tapia declaró fundado el archivamiento solicitado por el fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, César Armando Pecho Peche.

El sobreseimiento era también porque no se pudo comprobar quiénes fueron los pistoleros que dieron muerte a Fabián Esteban Martín Bernal Salmón, Julio Alberto Díaz Bustamante y Jorge Danilo Navarro Ruiz en la plazuela Barranca.

Durante la investigación fiscal tampoco se ha logrado comprobar el móvil del asesinato de los guardaespaldas de los Sánchez Alayo, ocurrido el 3 de febrero de 2011.

La cuestionada resolución que dictó Fernández Tapia dice que “no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado”.

La impunidad que pensó ejecutar el juez Fernández Tapia, como era lógico, no fue apelada por el Ministerio Público. La que sí lo hizo fue la Procuraduría Pública para Asuntos Judiciales del Poder Judicial.

Lo que llama la atención es que la fiscal superior titular de la Primer Fiscalía Superior Penal de Ica, Hilda Graciela Montes Navidad, deberá dar su opinión sobre la apelación de la Procuraduría, pero ha señalado de forma clara que lo hará “en el acto de la audiencia”, prevista para el 07 de agosto.

Para evitar el archivamiento del caso, ODECMA Ica ya abrió investigación al cuestionado juez que está en la mira del organismo de control.