La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciará sobre la medida cautelar que la Municipalidad Provincial de Junín (MPJ) presentó el 2013 contra el Estado peruano, por el retardo injustificado en la denuncia formulada ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huancayo contra las empresas mineras e hidroenergéticas por la contaminación ambiental del lago Chinchaycocha, el segundo más grande del Perú.

Así lo anunció el exalcalde de esta provincia Luis Alberto Solórzano Talaverano. “El relator de la CIDH Marco Zubiate me la confirmado que dentro de 10 o 15 días se emitirá un fallo sobre esta medida cautelar”, expresó.

Solórzano, en cuya gestión municipal se presentó la demanda ante la Fiscalía Ambiental (5 de octubre del 2011) y se elevó la medida cautelar ante el organismo internacional (24 de febrero del 2013), dijo que Zubiate adelantó que “el pronunciamiento será favorable”. “El relator me ha dicho que el fallo ampara las pretensiones de la provincia de Junín, de que el Estado peruano atienda inmediatamente la demanda y realice las diligencias requeridas. Han encontrado los elementos suficientes”, afirmó.

PRUEBAS. Manifestó que se ha presentado pruebas sólidas sustentando la medida cautelar. Entre ellas, la resolución de la Fiscalía de la Nación que destituye de su cargo al exfiscal ambiental Diego Silva Ríos, “el cual evidencia que no existió intención de no atender oportunamente a Junín”.

“Creo después de tantas luchas legales vamos a ser atendidos y con ello se va dejar un precedente histórico no solo en el caso Chinchaycocha, sino a nivel nacional”, finalizó.