A pedido de la Procuraduría Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de Tumbes se reabrió la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en el proyecto de “Mejoramiento del servicio educativo para fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en las instituciones educativas de nivel secundaria en la región Tumbes”, a cargo del Gobierno Regional de Tumbes (GRT).

El caso ha pasado de la etapa de investigación preliminar a la etapa de investigación preparatoria, en donde se investigarán los presuntos delitos de colusión y peculado. También se ha cambiado al fiscal que tenía a cargo el proceso.

PROYECTO. Este proyecto de la Gerencia de Desarrollo Social , con un valor presupuestal inicial de 7 millones 498 mil 878 nuevos soles y que después superó los 8 millones, incluía la adquisición de material pedagógico y bibliográfico (libros), e infraestructura tecnológica (televisores, computadoras, laptop y otros equipos).

Una vez firmado el contrato con la empresa proveedora, el gobierno regional habría pagado el monto total del presupuesto, pero lo hizo antes de recibir los materiales y equipos mencionados, en lo que fue calificado por los consejeros regionales como un acto irregular.

CONSEJEROS. Fue el mismo Consejo Regional el que alcanzó a la Fiscalía los indicios de las presuntas faltas cometidas.

La semana pasada, consultados por la decisión del fiscal de archivar el caso, los consejeros Marco Sayán Gianella y Dam Chinga Zeta se mostraron contrariados por dicha medida, pues para ellos sí existían los indicios suficientes para continuar la investigación.

“Era un proyecto de 8 millones, pagaron y no les llegó nada. Hicimos la denuncia, entregamos todo a la Fiscalía para que proceda a investigar el caso. (El GRT no ha informado) ¿Cómo fue la adquisición? ¿Quién vendió? ¿A qué precios compraron? ¿Cuántos fueron los postores? ¿De dónde salió el presupuesto? ¿Cómo fue aceptado? ¿Cuántos fueron los que licitaron?”, dijo Marco Sayán.

Además aseguró que solicitaron esa información, pero nunca les fue alcanzada.

“Esas interrogantes dan indicios de que algo está mal”, acotó.

Por su parte, el consejero Dam Chinga sostuvo que nunca se debió pagar sin antes haber recibido los materiales y equipos.

“No sé cómo se justifica que tú pagues primero y después recepciones el material, cuando es totalmente incoherente a la norma. La norma te dice primero tráeme el material y luego en el trámite administrativo te cancelan. Primero han cobrado y luego han traído el material. Es un acto irregular”, indicó.

PROCURADOR. Tras conocer que el fiscal Edward Valverde Bazán, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, había archivado la investigación, la procuraduría anticorrupción interpuso un recurso de queja para que se revise el caso, pues se consideraba que existían los medios probatorios para que se formalice una investigación preparatoria.

Según sostiene el procurador anticorrupción, Adriano Aguilar Rimarachin, al fiscal Valverde le faltó realizar algunas diligencias, tal como solicitar el expediente técnico del proyecto y el expediente de contratación para saber si se realizaron correctamente los procesos de licitación y contratación. Motivo por el cual el proceso, que se encontraba en la etapa de investigación preliminar, no debió archivarse.

“La Fiscalía lo estaba archivando basándose en un contrato que el tenia en su carpeta fiscal en (el que se indicaba) que se haga entrega de determinados materiales educativos en treinta días. El asunto es que solamente no era eso, sino que también era para que capaciten a los profesores además de otras diligencias. Debió solicitar mayor información. El fiscal lo había archivado solo con ese contrato que tenía a la mano”, sostuvo.

FISCAL SUPERIOR. El procurador Adriano Aguilar también indicó que el fiscal superior de Tumbes, Pedro Roca Amaro, al recibir el recurso de queja de la procuraduría, rectificó la decisión del fiscal Valverde y ordenó la formalización de la investigación preparatoria.

Incluso habría ordenado la separación del fiscal de la investigación.

“El mismo fiscal superior dijo que faltó el expediente técnico y el expediente de contratación. Debe estar formalizándose (investigación preparatoria), y es más, el fiscal superior está apartando al fiscal Valverde y lo está acumulando el caso a la carpeta 385 que la tiene el doctor Manfredo Córdova Niño”, precisó.

Según dice la norma, los resultados de la investigación preparatoria se tendrían en un plazo de cuatro meses, con la posibilidad de una prórroga de dos meses más. Pero, si el fiscal determina que se trata de un caso complejo, la investigación se prolongaría por ocho meses.

De hallarse responsabilidad, los implicados (aún por determinarse en la investigación preparatoria) en este presunto delito de colusión y peculado, podrían recibir una pena privativa de la libertad de entre 3 a 15 años.