El Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, presentó una demanda de amparo para que un juez constitucional de la Corte de Justicia de Lima orden al Ministerio Público no entregue el cadáver del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, quien falleció el último sábado, a sus familiares. El recurso presentado plantea que la fiscalía incinere los restos y sus cenizas sean trasladadas de forma reservada a un cinerario público común, en resguardo del orden constitucional.

MIRA ESTO | Cremación a la vista sobre los restos del genocida Abimael Guzmán

Mediante un comunicado, la Procuraduría explica que este recurso busca salvaguardar el derecho a la paz de todos los peruanos y evitar que las víctimas del terrorismo sean “revictimizadas”.

Según se señala en la demanda de amparo, “hay amenaza de violación de los derechos colectivos o difusos a la paz y tranquilidad (Artículo 2° numeral 22 de la Constitución), y el derecho a la protección judicial (Artículo 25° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos-CADH) de las víctimas del período de violencia (1980-2000)”.

En esa línea, el procurador General del Estado argumenta que la función de protección de todos los derechos fundamentales constituye una obligación de todo el aparato estatal “quienes tenemos un rol de velar por estos intereses, en atención a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales”.

“No debemos olvidar el rol que cumplen los Procuradores públicos dentro del Estado Constitucional, pues, al contrario a lo que muchos puedan sostener, su función se encuentra orientadas no solo a defender los intereses institucionales, sino también a coadyuvar en el rol que tiene el Estado en la tutela y protección de los derechos fundamentales”, se lee en el pronunciamiento.

VIDEO RECOMENDADO

Los vacunados tienen 11 veces menos probabilidades de morir a causa del COVID-19