El Poder Judicial amplió el pedido de arresto con fines de extradición en contra del expresidente Alejandro Toledo Manrique y añadió el presunto delito de colusión en el caso Odebrecht. Hasta ahora la solicitud era solamente por lavado de activos y tráfico de influencias.

Según la resolución a la que accedió Correo, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho envió el documento a Estados Unidos para que las autoridades amplíen la detención con fines de extradición solicitada a ese país en febrero pasado.

El magistrado resolvió en base al pedido del Ministerio Público, que investiga a Toledo por supuestamente favorecer a la empresa brasileña Odebrecht en la concesión del proyecto del corredor vial IIRSA Sur, Perú-Brasil, tramos 2 y 3, en 2004 y 2005.

En este caso, la Fiscalía sustentó el pedido de ampliación de la solicitud de arresto provisorio con 26 medios de prueba anexados en el requerimiento.

Según la Fiscalía, Alejandro Toledo habría concertado con Odebrecht, a través de su representante Jorge Barata, y el “pacto criminal” se dio a través de Josef Maiman con $35 millones al principio solo si la empresa brasileña ganaba.

En la resolución de 26 páginas, Concepción detalla que Odebrecht habría reducido el pago a $20 millones en vista de que solo se cumplió con uno de los ofrecimientos.

COLUSIÓN. Es la concertación fuera de la ley para beneficiarse a sí mismo y a intereses privados de manera fraudulenta.

DEFENSA. El abogado de Alejandro Toledo, Heriberto Benítez señaló que la ampliación del pedido de arresto provisorio contra su defendido es un delito contra la administración de justicia y que el juez Richard Concepción estaría cometiendo prevaricato.

“El juez penal Concepción cometió prevaricato y podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión, según el artículo 418 del Código Penal; hay una conducta dolosa e intencional contra Alejandro Toledo”, explicó.

Además, sostuvo que Alejandro Toledo nunca fue citado, ni notificado de los cargos, ni le permitieron ser oído en ningún momento y ahora le amplían otro delito, violando sus derechos fundamentales, vulnerando el debido proceso y atropellando las garantías judiciales.

“En consecuencia, estamos ante una evidente (probada y demostrada) persecución y no existen las condiciones mínimas para un proceso imparcial”, acotó Heriberto Benítez.