La jueza Laurel Beeler, del Distrito Norte de California, ordenó al gobierno de los Estados Unidos responder la garantía de habeas corpus presentado por el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), que pretende evitar su extradición alegando que está “detenido ilegalmente”.

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La magistrada requirió la noche del lunes 1 de noviembre al alguacil Donald O’Keefe que responda a la petición de Toledo Manrique antes del jueves 18 de noviembre. Además, manifestó que el exmandatario tendrá plazo hasta el 16 de diciembre para responder los alegatos de los alguaciles.

Según informa la agencia AP, Donald O’Keefe es responsable del servicio de alguaciles en el norte de California y, por tanto, bajo su supervisión se encuentra el arresto domiciliario contra Alejandro Toledo, ordenado por el juez federal Thomas S. Hixson.

Los alguaciles son nombrados por los presidentes estadounidenses y tienen como encargo ejecutar las órdenes judiciales, proteger los tribunales federales, las investigaciones criminales, entre otras actividades policiales.

El 29 de septiembre, y tras un proceso judicial que se prolongó por más de dos años, Thomas S. Hixson avaló que el Alejandro Toledo sea extraditado a Perú, donde la fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos durante su gestión por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Durante su argumento, el juez federal aseveró que su decisión es debido a las declaraciones de dos testigos “combinadas con que Toledo admitió en este proceso de extradición que recibió aproximadamente US$ 500.000″ en sobornos.

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En consecuencia, la defensa legal de Alejandro Toledo presentó un hábeas corpus que todavía falta resolver. También se encuentra a la espera de lo que determine el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien es la autoridad que en última instancia ordena que se proceda con la extradición.

Toledo Manrique fue detenido en julio de 2019 en California, donde residió durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión. En marzo del 2020 salió de la cárcel y pasó a arresto domiciliario por ser considerado vulnerable de contagio del COVID-19.

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