Bruno Pacheco Castillo, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, tiene actualmente cuatro investigaciones por presuntos actos de corrupción que involucran al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

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Con dos medidas de impedimento de salida del país -de ocho meses cada una como plazo-, Pacheco Castillo no participó el último viernes en el allanamiento fiscal a su vivienda, ubicada en el distrito del Rímac, lo que recordó su poca colaboración con las investigaciones del Ministerio Público.

Entre sus cuestionadas conductas en las investigaciones está que frente al hallazgo de los 20 mil dólares en el baño de su oficina, cuando aún secretario de Palacio durante una diligencia del fiscal Marco Huamán, el pasado 19 de noviembre, Pacheco se negó a facilitar su celular. En su reemplazo, entregó, días después, un equipo nuevo tras señalar que el anterior lo había perdido.

Sin embargo, José Núñez, abogado del exsecretario presidencial, explicó que la ausencia de su patrocinado en los allanamiento se debió a que dio positivo en una prueba rápida del COVID-19 y se encuentra en aislamiento.

“No me he comunicado directamente en persona, sí por teléfono. (Bruno Pacheco) se encuentra por prescripción médica en cuarentena porque la prueba rápida ha arrojado positivo. Tiene que hacerse un contraste, pero va a tener que guardar reposo y estar alejado de la familia en caso tuviera COVID-19″, dijo Núñez a Exitosa.

El abogado reiteró que su defendido está dispuesto a responder a todas las diligencias que haga la Fiscalía en las investigaciones en su contra y aseguró que las visitas de la asesora empresarial Karelim López a Pacheco ocurrieron en el contexto de la relación que ambos tienen desde hace años.

Como se sabe, la investigación tiene que ver con la presunta influencia ejercida por López, a través de sendas visitas realizadas a Pacheco, al presidente Pedro Castillo y a miembros del Comité de Licitación de la obra Puente Tarata III a favor del consorcio que lleva el mismo nombre.

OPCIONES

En diálogo con Correo, el abogado penalista Andy Carrión indicó que, ante la ausencia de Bruno Pacheco en el allanamiento a su vivienda, la fiscal Karla Zecenarro puede requerir al investigado la certificación del examen positivo del COVID-19 a efectos de corroborar la versión de su defensa legal.

Además, Carrión explicó que, en este tipo de diligencias, el investigado puede dar información certera a las autoridades sobre dónde están los documentos solicitados. “Pero sin la presencia del investigado es más difícil para la Fiscalía incautar material probatorio. Entonces, la Fiscalía puede interpretar de manera negativa que no haya estado en la diligencia”, dijo Carrión a este diario.

Por su parte, el abogado penalista Julio Rodríguez consideró que la Fiscalía debió actuar de forma inmediata en el caso del presidente Pedro Castillo, como en las investigaciones contra Bruno Pacheco y Karelim López tras revelarse las reuniones realizadas en el inmueble de Breña. Rodríguez dijo que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, “no está formada en derecho penal” y eso “se evidencia en sus respuestas frente a actos delictivos que son notorios”.

“Lo lamentable es que tengamos una fiscal de la Nación que no haya sido formada de manera adecuada en lo que es derecho penal. La labor más importante en el Ministerio Público, el 95% de sus funciones, está vinculado al derecho penal”, sostuvo.

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FASES

Entra tanto, la licitación que fue adjudicada al consorcio Puente Tarata III en octubre pasado, si bien no registra avance físico, se encuentra “en proceso de entrega de terreno”, según la plataforma de Reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El proyecto, que consiste en la construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga, en San Martín, fue declarado viable en marzo del 2014 y se contempla que beneficiará a 32,570 habitantes de los distritos de Juanjí y Pajarillo, de la provincia Mariscal Cáceres.

Como se recuerda, el pasado 29 de noviembre, el director ejecutivo (e) de Provías Descentralizado, Walter Pinedo, dispuso un proceso de fiscalización posterior de toda la documentación presentada por el consorcio ganador de la buena pro para verificar que no se haya vulnerado algún aspecto de la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento.

No obstante, hasta la fecha, el sector no ha brindado mayor alcance sobre sus hallazgos.

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