El portavoz de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, sostuvo que el contralor general Édgar Alarcón ha incurrido “en un delito” por adelantar opinión y vincular a la ministra de Educación, Marilú Martens, con supuestas irregularidades en compras de computadoras por unos S/240 millones en su sector.

“(Édgar Alarcón) ha cometido un delito porque el contralor no puede dar una opinión sobre una investigación en curso; más aun, si la ministra Martens puede emitir sus descargos hasta el miércoles (28 de junio). Esto no es una falta, es un delito”, manifestó a este diario.

En este sentido, indicó que la titular del Minedu “tiene todo su derecho de denunciarlo ante la Fiscalía por mal uso de la gestión pública”. “Alarcón ha violado la ley y va a tener que responder ante la justicia por eso”, sentenció.

A juicio de Bruce, este hecho no haría más que mermar el desempeño de Édgar Alarcón como titular de la Contraloría General de la República. “Es una demostración que no está a la altura del cargo”, opinó.

En esta misma tónica, Juan Sheput expresó que el contralor no está respetando el debido proceso, a diferencia de lo ocurre en la investigación que se le sigue en el subgrupo de la Comisión Permanente que evalúa su permanencia en el ente de control.

“No entiendo cómo él puede brindar un informe el día de mañana sin haber escuchado los descargos de la ministra Martens. ¿Cómo es posible que se anuncie una conclusión de un informe y se anticipe una sanción sin haber escuchado previamente a la ministra”, criticó.

Al igual que Bruce, Sheput consideró que Alarcón “no tiene por qué adelantar conclusiones a través de los medios de comunicación”.

“INACEPTABLE”. Entre tanto, la ministra Marilú Martens calificó las declaraciones de Édgar Alarcón como “inaceptables”, pues, según aclaró, todavía no ha presentado la información requerida por la Contraloría sobre las computadoras que adquirió, entre los años 2014 y 2015, en su calidad de Directora General de Servicios Especializados.

“Esta información será entregada, de acuerdo al plazo de ley, el próximo miércoles 28 de junio del presente año”, aseveró.

En línea con los voceros oficialistas, Martens acusó que el contralor “ha incurrido en una falta grave al adelantar opinión sobre un informe que aún no puede haber finalizado y ha infringido los principios de control gubernamental”.

Específicamente, anotó que lo dicho por Alarcón contraviene “el artículo 9 de la Ley Orgánica de Contraloría, que prohíbe revelar información que pueda causar daño durante la ejecución de una acción de control”.