La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad logró dar continuidad al proceso contra Víctor Polay Campos y otros exintegrantes de la dirigencia del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Con esta decisión, se evitó que los delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado atribuidos a los investigados quedaran prescritos por el paso del tiempo.

La resolución permite que el proceso judicial relacionado con el caso conocido como “Las Gardenias” continúe su curso. El Ministerio Público sostiene que los hechos investigados están vinculados a graves vulneraciones de derechos humanos ocurridas entre finales de la década de 1980 e inicios de los años noventa.

La decisión fue formalizada por la fiscal superior Rosario Quico Palomino. La medida ratifica la validez de las acusaciones presentadas contra la dirigencia emerretista dentro de este proceso.

Los fundamentos que respaldan la continuidad de la causa fueron sustentados por el fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales Cruzado. Según la tesis fiscal, los crímenes investigados se produjeron en un contexto de violaciones graves a derechos fundamentales, razón por la cual las acciones penales mantienen vigencia.

La posición del Ministerio Público establece que los hechos no pueden ser considerados extinguidos por el transcurso del tiempo. Bajo ese criterio, el proceso continuará en las instancias correspondientes del Poder Judicial.

¿Qué pasó en la discoteca Las Gardenias?

De acuerdo con la acusación fiscal, entre 1989 y 1992 el Frente Nororiental del MRTA habría desarrollado una política de violencia denominada “limpieza social” en el departamento de San Martín. Las pesquisas sostienen que diversas personas fueron perseguidas y asesinadas debido a su orientación sexual.

Uno de los episodios incluidos en el expediente ocurrió el 31 de mayo de 1989 en la ciudad de Tarapoto. Según la investigación, integrantes armados de la organización ingresaron a la discoteca Las Gardenias y asesinaron a ocho hombres pertenecientes a la comunidad LGBTI.

El caso también comprende otros homicidios registrados en años posteriores. Entre ellos figuran los asesinatos de Luis Pinchi en 1990, Silvano Vela en 1991 y Salomón Pérez en 1992.

Como parte de la acusación, el Ministerio Público ha solicitado cadena perpetua para Víctor Polay Campos. El requerimiento también alcanza a María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García.

La Fiscalía atribuye a los procesados la condición de presuntos autores mediatos de los hechos investigados. La acusación sostiene que habrían tenido responsabilidad dentro de la estructura de mando de la organización subversiva durante el periodo en que ocurrieron los crímenes.

La permanencia de los cargos por terrorismo agravado y homicidio calificado permite que el caso avance hacia la siguiente etapa procesal. Con ello, se mantiene abierta la posibilidad de que las responsabilidades sean evaluadas en juicio oral.

El Poder Judicial dispuso que las audiencias comiencen el próximo 17 de junio. Durante esta fase, los representantes del Ministerio Público presentarán los elementos probatorios reunidos a lo largo de la investigación para sustentar las acusaciones formuladas contra los exdirigentes del MRTA.

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