La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado domingo la Resolución 55/2021, a través de la cual otorga medidas cautelares a favor del fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, y su núcleo familiar debido a que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

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El documento señala que, desde el año 2017, Pérez Gómez ha sido “objeto de diversos eventos de riesgo” y, pese a que el Estado peruano ha implementado seguridad policial para que pueda cumplir su labor, “las medidas adoptadas no habrían mitigado o desaparecido la situación de riesgo que viene enfrentando el propuesto beneficiario”.

Por esa razón, la CIDH solicitó al Estado peruano que “adopte las medidas necesarias para garantizar que Pérez Gómez pueda cumplir su labor como fiscal sin ser objeto de amenazas” y que “informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición”.

Precisó, en esa línea, que “el otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”.

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El pasado 25 de junio, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de proteger la vida e integridad del fiscal José Domingo Pérez y su familia.

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