El Colegio de Abogados de Lima expresó su rechazo frente a la reciente designación de Tomás Gálvez como titular del Ministerio Público para el periodo 2026-2029. La institución también manifestó su preocupación por las implicancias de esta decisión en el sistema de justicia del país.

La elección fue adoptada durante una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos. Este nombramiento se produce en un contexto marcado por cuestionamientos y cambios recientes en la conducción de la entidad.

El gremio profesional advirtió que la situación actual genera inquietud debido a las investigaciones penales que involucran a la nueva autoridad. Asimismo, consideró que este escenario podría afectar la credibilidad de una de las instituciones clave del sistema judicial.

A través de un pronunciamiento oficial, la organización detalló su posición frente a la designación. En ese documento se hace referencia a la preocupación por la idoneidad de quienes asumen cargos de alta responsabilidad. “Resulta preocupante que las candidaturas a dicho cargo honorífico de representación institucional recayeron en algunos Fiscales Supremos que actualmente afrontan serios cuestionamientos legales y sendas investigaciones por graves imputaciones penales, incluido el propio señor Gálvez”.

En el mismo pronunciamiento, el Colegio de Abogados subrayó que esta situación no tiene precedentes en la trayectoria del Ministerio Público. Según su evaluación, la presencia de procesos pendientes en altos funcionarios representa un riesgo para la estabilidad institucional.

El contexto en el que se produce esta designación también está marcado por la reciente salida de la anterior titular del organismo, Delia Espinoza Valenzuela. Este cambio en la conducción ha intensificado el debate sobre la situación interna del Ministerio Público.

Finalmente, el gremio reiteró su llamado a preservar los estándares éticos y la confianza en las instituciones encargadas de la administración de justicia. La organización insistió en la necesidad de garantizar transparencia y legitimidad en los procesos de elección de altas autoridades.