Redacción Diario Correo

La parlamentaria Maricarmen Alva presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, con el objetivo de establecer la inhabilitación permanente y la imprenoscriptibilidad para aquellos docentes que incurran en faltas graves como terrorismo, violencia, abuso sexual y corrupción.

El proyecto plantea modificar el artículo 52 de la mencionada ley, ampliando las causales de inhabilitación permanente para aquellos docentes que hayan sido destituidos por actos de violencia, maltrato físico o psicológico, así como por hostigamiento sexual. Con esta medida, se busca impedir que profesores involucrados en estas conductas puedan volver a desempeñar labores en instituciones educativas públicas o privadas.

“Este proyecto de ley es una respuesta al pedido de millones de padres de fortalecer el sistema de sanciones en el sector educativo, asegurando que los docentes que hayan sido destituidos por delitos que atentan contra los derechos fundamentales de los estudiantes no puedan volver a ejercer en instituciones educativas públicas ni privadas”, manifestó Alva consultada por su propuesta.  “Al mismo tiempo, la iniciativa busca que no exista un plazo de prescripción para estas infracciones, lo que permitirá a las autoridades actuar de manera efectiva y sin limitaciones de tiempo”, agregó.

La propuesta fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú en 1990, la cual establece que el interés superior del niño debe ser prioritario en todas las decisiones que lo afecten. La legisladora subraya la importancia de tomar medidas firmes para garantizar la integridad física y psicológica de los estudiantes, evitando que docentes que hayan incurrido en conductas graves puedan reincorporarse al sistema educativo.

Informes recientes revelan que, entre 2015 y 2022, más de 1,300 profesores fueron destituidos por delitos que incluyen abuso sexual, terrorismo y homicidio. De estos, el 69% corresponde a delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, muchas de estas sanciones no han impedido que los involucrados continúen vinculados al sistema educativo, especialmente en el sector privado.

“Es fundamental que los docentes que han incurrido en delitos graves no tengan lugar en nuestro sistema educativo. No podemos permitir que quienes hayan abusado de la confianza depositada en ellos para formar a nuestros hijos, puedan volver a ejercer. Este proyecto busca garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan un entorno educativo seguro y libre de peligros”, argumento Alva.

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