Desde el 2009 hasta la fecha, más de 2 mil mujeres fueron asesinadas en el Perú bajo el delito de feminicidio. Solo en lo que va del 2026, ya se registran 38 casos. Sin embargo, un proyecto de ley presentado en el Congreso propone eliminar ese tipo penal, y las familias de las víctimas, junto a especialistas en derecho, advierten que sería un grave retroceso.

En el dominical de Punto Final, expertos advierten que esta propuesta ejecutada por la congresista María de los Milagros Jáuregui Martínez podría beneficiar más a los agresores que a la propia víctima.

PROYECTO DE LEY

Desde el 2013, el Perú reconoce legalmente el feminicidio para tipificar estos casos a través del artículo 108B del Código Penal. La norma establece pena de no menos de 20 años, que pueden llegar hasta 30 o cadena perpetua.

El delito de feminicidio existe porque los datos lo justifican; en el 80% de los casos, el agresor es la pareja o expareja; en el 65%, el crimen ocurre en casa de la víctima, de la cual el 35% de ellas ya había denunciado antes de morir.

Sucede que el feminicidio se configura cuando una mujer es asesinada por no someterse al rol que el agresor le impone: por terminar una relación, por rechazar actos sexuales o por no ceder ante los celos.

A pesar de que estos actos delictivos han ido en aumento, la parlamentaria Jáuregui Martínez presentó este proyecto de ley en febrero del año pasado. El objetivo es eliminar el feminicidio y reemplazarlo por un nuevo delito llamado “asesinato de la pareja o conviviente”. La razón: igualdad en la sanción al hombre y la mujer.

El nuevo tipo penal se limitaría a relaciones de pareja formales, dejando fuera a exenamorados, conocidos y acosadores, que en muchos casos son los agresores. Además, expertos advierten que quienes ya fueron condenados por feminicidio podrían pedir una reevaluación de su caso.

“Quienes están condenados o siendo procesados podrían solicitar una reevaluación porque no encajaría necesariamente en el tipo penal de este proyecto (...) Con el proyecto de ley, los agresores podrían buscar penas menos severas bajo otras imputaciones”, sostuvo Sofía Icaza, abogada penalista, quien calificó la iniciativa como “un retroceso de lo que se ha logrado”.

LOS ROSTROS DETRÁS DE LAS CIFRAS

Los casos concretos ilustran por qué el alcance del delito importa. Joshueny Muñoz fue asesinada por un acosador que vivía en el mismo inmueble; no era su pareja.

Eyvi Agreda fue quemada viva en un bus por un compañero de trabajo que la acosaba. Sheyla Mayumi Cóndor Torres, asesinada y descuartizada en noviembre de 2024 en Lima, Perú, por un suboficial que se quitó la vida; no obstante, lo que llama la atención es que no era su pareja, sino un amigo.

Ruth Gutiérrez (22), ultimada en un hotel por un excontacto de redes sociales. Ninguno de estos casos encajaría en el nuevo delito propuesto.

El más reciente y doloroso: el 5 de mayo falleció Yanet Cigüeñas, una joven que pasó más de 20 días en UCI con heridas de arma blanca y quemaduras de tercer y cuarto grado. Su agresor, un exenamorado, quien huyó a Argentina tras usarle la tarjeta bancaria antes de dejarla al borde de la muerte.

Actualmente, el proyecto de ley está en la Comisión de Justicia, a la espera de continuar o no. Los colectivos de familiares de víctimas de feminicidio buscaron a la congresista, pero no los recibió.