A pesar de los duros cuestionamientos de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte–IDH) contra la iniciativa, el Congreso de la República aprobó ayer en segunda votación la ley que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.

La decisión se tomó por amplia mayoría en una sesión de la Comisión Permanente, que cumple su encargo de legislar en lugar del pleno durante el receso parlamentario.

Allí por lo menos 15 congresistas respaldaron la causa. Quienes votaron a favor fueron Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Patricia Juárez, César Revilla y Martha Moyano, de Fuerza Popular (FP).

La misma postura la tuvo Eduardo Salhuana y María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP). De igual modo votaron Jorge Montoya y José Cueto, de Honor y Democracia, José Luna (Podemos), Patricia Chirinos (Avanza País), Diego Bazán (Renovación Popular) y José Jerí (Somos Perú).

Al inicio de la votación, el legislador Wilson Soto, de Acción Popular, votó en apoyo al dictamen. Sin embargo, pasaron unas horas para que cambie su decisión.

En un comunicado por las redes sociales anunció que pidió el cambio del sentido de sus votos respecto a la ley que propone precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad.

“Queremos dejar en claro que no podemos permitir que estos delitos, y quienes los cometieron, queden impunes”, refirió.

Con ello, la norma quedó aprobada con 14 votos.

Durante la sesión se planteó una reconsideración para votar nuevamente, pero esta no alcanzó el respaldo necesario y fue rechazada.

Lo que ahora toca es que el Ejecutivo promulgue u observe la norma en un plazo no mayor de 19 días hábiles. Conforme a las posturas y defensas que ha tenido sobre el dictamen, todo indicaría que la terminaría promulgando.

ALCANCES

La norma busca establecer que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ingresó al ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio y que la Convención sobre la imprenoscriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa humanidad, lo hizo el 9 de noviembre del 2003.

Así buscan disponer que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de ambos tratados “prescriben en los plazos establecidos”.

“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002″, refiere el texto congresal.

Es importante indicar que la Corte-IDH se ha pronunciado en distintas ocasiones en contra de la iniciativa.

Antes de que el tema lo evalúe el Congreso, pidió al Estado peruano no dar trámite al proyecto por tratarse de una propuesta que impediría garantizar el derecho de acceso a la justicia de víctimas o familiares de los casos barrios Altos y La Cantuta.

Aseguró que la promulgación de la propuesta constituiría un desacato a lo ordenado por la Corte al Perú.

La misma postura la tuvo la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Ella, en declaraciones a Canal N, aseguró que desde el Congreso se buscan argumentos para “patear el tablero de la Corte” como en su momento “lo hizo Alberto Fujimori”. Ello, en referencia a las voces que han cuestionado la intromisión de la Corte y que han pedido “salirse” de esta.

POSTURAS

Por la mañana, el congresista José Cueto (Honor y Democracia) opinó que el Parlamento no tiene por qué responder a la Corte en ningún extremo sobre lo aprobado. Es mas, aseguró que no harán efectiva ninguna acción porque no habría repercusiones.

“Seguramente van a sacar un comunicado. Pero repito, primero no nos afecta y, segundo, no tiene ninguna consecuencia (lo que nos diga). ¿Qué van a hacer? Que hagan lo que quieran y por último no salimos de la Corte”, dijo.

Al ser consultado sobre los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta que han cuestionado la medida, respondió que “están siendo utilizados” y que los responsables de esos delitos cumplen en la actualidad su condena. No tiene nada que ver (con la norma)”.

Para reforzar esa idea, su colega, Fernando Rospigliosi, también autor de la iniciativa, aseguró que hay “centenares de policías y militares” afectados, muchos de ellos octogenarios y nonagenarios que están injustamente presos o sometidos a la tortura de procesos interminables por la aplicación ilegal de este criterio de lesa humanidad.

“Es mentira lo que ha dicho la Corte y lo que dicen sus seguidores que esto tiene que ver con los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Son sucesos que son de los años 91 y 92. Los autores ya fueron capturados. Y fueron sentenciados antes de los 20 años de prescripción. Eso es inamovible y no tiene nada que ver con la ley que se aprobó”, manifestó el legislador.

Rospigliosi indicó que solo se puede aplicar el delito de la lesa humanidad a partir de su aprobación en el Congreso del 2002 y 2003, y que fue ilegal aplicar la medida por hechos ocurrido antes. Dejó claro que detrás de todo este asunto está la “mafia caviar”.