El Congreso de la República duplicó en los últimos cinco años su presupuesto destinado al pago de personal. De acuerdo con un informe de “Punto Final”, el gasto pasó de “S/402 millones en 2021” a “S/906 millones en 2025”, impulsado por el incremento de planillas y el pago de diversos bonos y beneficios laborales.

Según el reportaje, cada congresista tiene la facultad de contratar hasta siete trabajadores de confianza. Aunque los sueldos oficiales oscilan entre “S/2.988 y S/10.924”, la investigación sostiene que las remuneraciones reales son mayores debido a bonificaciones permanentes aprobadas por la Mesa Directiva.

Entre los beneficios figuran bonos por legislatura, alimentación, escolaridad, vestimenta, CTS, ampliación y cierre de legislatura, además de un bono vacacional. Estos pagos adicionales elevan los ingresos mensuales de algunos asesores hasta los “S/15.000”, según boletas de pago entregadas por trabajadores y extrabajadores del Parlamento.

El informe de Latina también recuerda que un proyecto de ley presentado por el excongresista Carlos Anderson para restringir las bonificaciones extraordinarias fue archivado, por lo que el actual sistema de beneficios continúa vigente.

Asimismo, durante la gestión de Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso se suscribió un convenio colectivo con el sindicato de trabajadores para ampliar los beneficios laborales correspondientes al periodo 2026-2027. Sin embargo, el Parlamento negó el acceso al documento solicitado por el programa periodístico.

La investigación concluye que el Congreso mantiene un régimen de remuneraciones distinto al de otras entidades públicas al estar excluido del sistema Servir, lo que ha reavivado el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y el costo de la planilla del Poder Legislativo.

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