La bancada de Avanza País presentó un proyecto de ley que propone restringir la participación de jueces provisionales en procesos judiciales que involucren a políticos y autoridades. La iniciativa plantea que únicamente magistrados titulares puedan resolver este tipo de casos, bajo el argumento de fortalecer la independencia judicial.

La propuesta fue impulsada por el congresista Alejandro Cavero, quien sostiene que los jueces que no cuentan con un nombramiento definitivo carecen de la estabilidad necesaria para afrontar procesos de alto impacto político. Según el documento, esta condición podría exponerlos a presiones externas o interferencias indebidas.

Argumentos de la iniciativa

De acuerdo con el proyecto, más del 50 % de los jueces en el país se desempeñan en condición provisional o supernumeraria, una situación que, a criterio del parlamentario, genera cuestionamientos sobre la autonomía de sus decisiones en casos sensibles. Por ello, se plantea que solo los jueces titulares tengan competencia para conocer procesos que involucren a autoridades públicas o figuras políticas.

La iniciativa también propone una sanción severa para quienes incumplan esta restricción. Si un juez provisional interviene en un proceso de esta naturaleza, su actuación sería considerada una “falta muy grave”, lo que podría derivar en su destitución del cargo.

En su fundamentación, el proyecto invoca principios constitucionales como la independencia e inamovilidad de los magistrados, así como recomendaciones de organismos internacionales que alertan sobre los riesgos de asignar procesos sensibles a jueces sin estabilidad plena.

Propuesta de ley genera controversia

No obstante, la propuesta ha generado cuestionamientos respecto a sus posibles efectos en el control del poder político. Al limitar el número de magistrados habilitados para conocer casos contra autoridades, se podría reducir la capacidad operativa del sistema judicial y retrasar investigaciones por corrupción, abuso de poder u otros delitos.

Además, críticos de la iniciativa advierten que concentrar estos procesos únicamente en jueces titulares podría abrir la puerta a presiones políticas o acuerdos de poder, debilitando el rol del Poder Judicial como contrapeso frente al Congreso y otras instituciones del Estado.

La propuesta legislativa abre así un nuevo debate sobre el equilibrio entre independencia judicial y acceso efectivo a la justicia, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización del poder político.