“Su pedido no resulta atendible”, esa fue la respuesta que le dio el Congreso de la República al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, un día después de que planteara una cuestión de confianza por un proyecto que propone derogar la Ley No. 31355, norma que regula ese mecanismo.

En un oficio enviado al premier, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, resaltó que la ley antes mencionada establece que la cuestión de confianza se presenta en asuntos que son de competencia del Poder Ejecutivo.

Además, recordó que el Tribunal Constitucional (TC) validó dicho norma, pues en febrero de este año desestimó la demanda que presentó el Gobierno de Pedro Castillo contra esa ley.

“Esta interpretación (atender la cuestión de confianza) implicaría, conforme ha quedado establecido con la decisión del TC, que el Congreso ceda o abdique de sus competencias exclusivas y excluyentes, como lo son el procedimiento legislativo y proceso deliberativo al interior de las comisiones”, precisaron en el oficio enviado.

Finalmente, refirió que no existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo interprete la decisión del Congreso sobre la cuestión de confianza, en un sentido diferente.

“Lo exhortamo, señor premier, a respetar la separación de poderes, la institucionalidad democrática y el Estado constitucional de derecho”, agregaron.

INMEDIATO

La respuesta del premier Aníbal Torres fue inmediata. El jefe del Gabinete Ministerial aprovechó una actividad oficial en Palacio con autoridades electas de Arequipa para referirse a la respuesta del Congreso.

“La cuestión de confianza no está planteada todavía, pero el Congreso ya declaró inadmisible una cuestión que no existe, ha declarado inadmisiblidad de la nada”, reclamó.

El premier dijo que si el presidente del Congreso o la Mesa Directiva no tienen la educación para responder por el tema, sí tienen asesores que pueden ayudarlos.

“¿Cómo pueden hacer esa barbaridad? El Perú está sujeto a la dictadura de la ignorancia, de los que ocupan los más altos cargos, que se consideran los más capaces, son los que nos gobiernan y nos dejan el país que tenemos ahora”, indicó.

“La Constitución señala que el Ejecutivo tiene la facultad de plantear cuestión de confianza (...), se desconoce absolutamente el ordenamiento jurídico”, agregó.

PROVOCACIÓN

Por su parte, el presidente del Congreso, José Williams Zapata, convocó ayer por la noche a una conferencia de prensa para sustentar los argumentos de la respuesta al premier.

Tras reforzar los puntos planteados en el oficio enviado al Gobierno antes explicados, el también congresista de Avanza País calificó de “provocación” la presentación de la confianza.

“Es una provocación más del Poder Ejecutivo, preocupado, desesperado, recurriendo a situaciones como esta. La ley (que buscan aprobar) carece de sustento constitucional”, sostuvo.

“Creo que el Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso, cerrar el Congreso”, agregó.

Señaló que el premier puede venir en cualquier momento al Pleno del Congreso para hacer su pedido de cuestión de confianza, pero no mañana (hoy), porque no habrá sesión.

Además, Williams Zapata destacó que congresistas de diferentes bancadas han rechazado el planteamiento del gobierno, incluso, desde el oficialismo.

Precisamente, Waldemar Cerrón (Perú Libre) consideró que se debe respetar la decisión que ha tomado el TC.

“En eso estamos claros, estamos en un Estado de derecho y debe entenderse como tal”, dijo el oficialista en alusión a la sentencia del TC que validó el mecanismos de la confianza aprobado por el Parlamento.

POSTURAS

Más temprano, diferentes bancadas rechazaron -mediante pronunciamientos- el planteamiento del Poder Ejecutivo.

Renovación Popular calificó el planteamiento del Gobierno como una “maniobra” para distraer a la opinión pública de los graves indicios de corrupción del presidente, sus ministros y familiares.

Para APP, el Gobierno pretende interferir en el normal funcionamiento del Congreso.

“Esta maniobra solo busca ahondar aún más en el resquebrajamiento de las relaciones entre los dos poderes del Estado”, afirmaron.

Fuerza Popular consideró que es una estrategia totalitaria para cerrar el Congreso.

Mientras que para Integridad y Desarrollo el Ejecutivo pretende agudizar el enfrentamiento y obligar al cierre del Parlamento.

En tanto, congresistas como Luis Aragón (Acción Popular) y Carlos Anderson (no agrupado) coincidieron en que el pedido del Gobierno no tiene un sustento jurídico.

Por la mañana, el presidente Castillo se pronunció sobre el tema de manera indirecta.

“Tenemos que ser respetuosos, no solo del acto democrático, sino que el Estado tiene que estar equilibrado (...), no se puede decir ‘solo yo tengo potestad constitucional’ o desde el Gobierno, sino mirar a la población”, afirmó.

Mientras que la ministra Betssy Chávez (Cultura) consideró que el Ejecutivo se encuentra “maniatado”, por lo que pidió que el Parlamento los reciba para exponer los argumentos del proyecto.