La bancada de Acción Popular, a iniciativa de la congresista Karol Paredes, planteó el proyecto de ley N° 1092/2021 que propone establecer el levantamiento obligatorio del secreto bancario como requisito a candidatos para cargos de elección popular, además la medida alcanzaría a las organizaciones políticas con la que postulan.

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“Deberán presentar como requisito obligatorio al momento de inscribir su participación, una Declaración Jurada aceptando el levantamiento de su secreto bancario por parte de la autoridad electoral, como muestra de transparencia y ética política en cada proceso de elecciones”, señala la iniciativa.

Asimismo, apunta que la autoridad electoral actúe “cuando presuma que es necesario” para la calificación e inscripción del candidato y la organización política, o su frustrada participación en caso de tacha o exclusión, “entendiéndose como casos de presunción el eventual financiamiento ilegal o enriquecimiento ilícito del candidato y la organización política, que revistan el interés público”.

“La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (...) dicta las directivas y normas necesarias para el adecuado cumplimiento de la presente ley”, añade el proyecto que es firmado por Silvia Monteza, Carlos Alva, Luis Aragón, Wilson Soto, Juan Mori y Elvis Vergara.

Como justificación de la propuesta se aclara que uno de los graves problemas que aqueja al Perú es la corrupción “que comprende muchas esferas públicas y privadas que en los últimos años ha generado millones de soles de perdida para el Estado, y como consecuencia de ello, viene perjudicando a la población durante décadas”.

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La iniciativa legislativa propuesta por Karol Paredes asegura que no transgrede ninguna disposición constitucional ni norma legal sino busca transparentar a las organizaciones políticas para que se pueda “perfeccionar” el marco normativo del levantamiento del secreto bancario.

“De esta forma las organizaciones políticas y a los candidatos a autorizar su levantamiento al secreto bancario frente a los casos de presunción de financiamiento ilegal o enriquecimiento ilícito, o cuando concurran hechos relacionados con ambos que comprometan el interés público”, concluyó el proyecto de ley presentado este jueves 30.

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