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Un proyecto de ley presentado por las congresistas Norma Yarrow y Patricia Chirinos (Renovación Popular) propone que personas condenadas por delitos graves —tanto peruanas como extranjeras— puedan cumplir sus penas en centros penitenciarios de otros países.
La iniciativa busca, según sus promotoras, aliviar el hacinamiento en las cárceles peruanas y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
El proyecto establece que el Perú deberá suscribir convenios internacionales en materia penitenciaria, priorizando países aliados en la lucha contra la delincuencia transnacional.
La medida aplicaría para sentencias firmes por delitos como terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y lavado de activos, entre otros.
La iniciativa se sustenta en los artículos 44, 55 y 56 de la Constitución, que hacen referencia al deber del Estado de garantizar la seguridad ciudadana y promover la cooperación internacional en justicia. Además, plantea que el Ministerio de Justicia supervise que los traslados cumplan con lo dispuesto por las autoridades judiciales peruanas.
El traslado de reclusos estaría a cargo de un grupo de entidades, incluyendo el Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional.
En el caso de los extranjeros condenados, se propone prohibir su reingreso al país, incluso después de cumplir la condena, por consideraciones de seguridad nacional.