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Congreso: Proyecto de ley busca eliminar gasto estatal en consultorías y eventos

La iniciativa propone reorientar esos recursos hacia obras públicas esenciales, como agua potable, educación e infraestructura básica.
  • MEF respaldó redistribución del IGV y afirma que pedirá facultades legislativas al Congreso
  • Gladys Echaíz rechaza propuesta para hacer campaña política en semana de representación

Andrea Pereyra

Actualizado el 28/05/2025, 03:38 p.m.
  • MEF respaldó redistribución del IGV y afirma que pedirá facultades legislativas al Congreso
  • Gladys Echaíz rechaza propuesta para hacer campaña política en semana de representación

La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que busca eliminar las consultorías externas contratadas por el Estado, con el objetivo de reducir gastos considerados innecesarios y ahorrar más de S/400 millones anuales.

La iniciativa, ingresada al Congreso para su evaluación en la Comisión de Economía, propone reorientar esos recursos hacia obras públicas esenciales, como agua potable, educación e infraestructura básica.

Según el documento, el Estado desembolsa actualmente S/371,3 millones en consultorías con personas jurídicas, destinadas a investigaciones, estudios y diseños. Esta cifra equivale al 13% del presupuesto de inversión de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) o al costo de llevar agua y saneamiento a más de 40 centros poblados.

Además, se gastan S/90,4 millones en consultorías con personas naturales para capacitaciones del personal estatal, S/162,6 millones en organización de eventos y S/91,4 millones en atenciones y celebraciones.

En total, estos rubros suman S/715,7 millones al año, equivalente al 80% del presupuesto del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Pl 1112120250513 by Juan C Chamorro

El proyecto, impulsado por el congresista Miguel Ciccia, argumenta que el gasto corriente del Estado ha aumentado sostenidamente desde 1991 y ahora representa el 60% del presupuesto público.

De este monto, el 40% se destina a remuneraciones y beneficios sociales del personal, cifra que asciende al 43% si se incluyen contratos no laborales. La propuesta busca frenar lo que califica como “despilfarro” y priorizar inversiones en necesidades urgentes.

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