La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó el pedido de extradición a Estados Unidos del expresidente Alejandro Toledo, investigado por supuestamente recibir $20 millones de la empresa Odebrecht para la adjudicación de la obra de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

El tribunal supremo, que preside César San Martín Castro, declaró procedente, por unanimidad, el pedido efectuado por el Ministerio Público, el cual fue extendido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

“Procedente la solicitud de extradición activa formulada, a instancia del Ministerio Público, por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a las autoridades de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano peruano Alejandro Toledo Manrique, procesado por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en agravio del Estado peruano”, se lee en la resolución.

El Equipo Especial que lidera el fiscal anticorrupción Hamilton Castro acusa al exmandatario de los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.

Según fuentes de la Fiscalía, en el último rastreo que se hizo al paradero del exmandatario, hace unos meses, se estableció que Toledo puede encontrarse en el condado de Palo Alto, en California.

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LOS NEXOSEn su declaración ante la Fiscalía, Jorge Barata fue consultado sobre los hechos relacionados a la entrega de dinero a Alejandro Toledo.

Barata, quien busca ser colaborador eficaz en este caso, contó que en un evento realizado en el 2004 en Palacio de Gobierno, Avi Dan On, jefe de seguridad de Toledo, le ofreció los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

La suma de pagos por dicha obra debía ser entregada a Toledo y luego (tales aportes) serían establecidos por Josef Maiman, amigo cercano de Toledo.

Es así, dice Barata, que en una reunión en el Hotel Marriott de Copacabana, en Brasil, Toledo le manifestó su deseo de que Odebrecht ganase la licitación y que su apoyo consistiría en extender los plazos para que no exista alguna posibilidad de competencia.

Pero, según Barata, en vista de que esto no se cumplió, solo ordenó el pago de $20 millones en forma escalonada desde el 2006 hasta el 2010.

De este “acuerdo”, Barata mencionó que lo comunicó a José Graña Miró Quesada (GyM), José Castillo (ICCGSA) y Fernando Camet (JJ Camet).

Tanto él como los directivos de las consorciadas de Odebrecht acordaron pagar las comisiones ilícitas a Toledo a cambio de ser favorecidas con el proyecto vial, asumiendo los socios lo dispuesto con el pago de “utilidades”.

Asimismo, dijo que cuando Toledo ya no era presidente, fue convocado a su casa de Camacho en el 2010, en donde el exmandatario le reclamó por los pagos “atrasados”.

MAIMANEn tanto, el otro aspirante a colaborador eficaz, Josef Maiman, en dos declaraciones brindadas a la Fiscalía, señaló que conoció a Toledo hace 50 años jugando fulbito en una cancha del Banco Central de Reserva.

Maiman refirió que a través de varios encuentros Toledo le señaló que tenía la intención de incursionar en la vida política.

Cuando ya fue elegido presidente, Toledo le informó que tenía el proyecto de establecer una fundación y que necesitaba que lo ayudara con la recepción de los donativos.

Maiman expresó a la Fiscalía sus sospechas de que los donativos podían ser un disfraz de actos ilícitos.

Dijo, sin embargo, que no preguntó más sobre el particular.

Su sospecha, agregó, se materializó en el 2004, cuando asistió a una reunión en el Hotel Marriott de Copacabana, donde Barata le confirmó que iban a entregar donaciones a la fundación de Toledo.

AGILIZACIÓNLa jefa del gabinete ministerial, Mercedes Aráoz, aclaró que el expediente de extradición en contra del prófugo expresidente Toledo por el caso Odebrecht todavía no ha llegado al Poder Ejecutivo, luego de que fuera aprobado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Por medio de su cuenta en Twitter, Aráoz explicó que el documento debe pasar primero por una comisión técnica del Ministerio de Justicia.

Añadió que una vez que la resolución sea revisada en esta instancia, pasará al Consejo de Ministros.

Mercedes Aráoz sostuvo que el Gobierno “garantiza firmeza y celeridad en la lucha contra la corrupción”, al referirse a la situación de Toledo.

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En tanto, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo esperar que el oficio de la extradición del exmandatario Toledo sea procesado en el menor tiempo posible para que sea traído al Perú en los próximos seis meses.

“Espero que el expediente esté bien armado, con todos los requisitos que exige la justicia americana, y que se tramite en un tiempo prudencial: no se demoren un año o dos años. Para mí, un tiempo prudencial es seis meses”, manifestó.

Explicó que esta documentación relacionada al exlíder de Perú Posible ha sido realizada específicamente por los casos de lavado de activos y colusión en el tema Ecoteva y Odebrecht.

Sin embargo, precisó que esta situación es un primer paso de todo un proceso que deberá transcurrir.

“Si el Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia) hace suya la resolución consultiva del Poder Judicial, se remite por conducto diplomático, entiéndase Ministerio de Relaciones Exteriores, al Departamento de Estado (de EE.UU.), que a su vez lo deriva al Departamento de Justicia y luego a un juez federal, que hará la audiencia de extradición en este caso en California, porque ahí está ubicado el expresidente Toledo”, dijo.

De agilizar este trámite, se coordinará con las autoridades del Estado de California para la localización de Toledo, pues, según Rodríguez, es allí donde permanece el expresidente.

Además del titular del PJ, desde el Congreso de la República también se oyeron voces que saludaron estos esfuerzos para extraditar a Toledo Manrique.

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