La Defensoría del Pueblo rechazó, a través de un comunicado, el acoso y la violencia en la vida política contra las mujeres. En ese sentido, exhortó al partido Perú Libre evitar “alguna manifestación de acoso político” contra sus militantes Dina Boluarte y Betssy Chávez, quienes ejercen como ministras de Estado.

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“Conociendo el reciente pronunciamiento del partido político Perú Libre sobre un posible proceso disciplinario contra dos mujeres militantes que vienen ejerciendo la titularidad de dos ministerios en el actual Gobierno, exhortamos a incurrir en ninguna manifestación de acoso político”, expresó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.

Este jueves 14, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, apuntó que su agrupación descartó que la presencia de Betssy Chávez (Trabajo) y Dina Boluarte (Midis) en el Gabinete Ministerial signifiquen una presencia del partido la administración de Pedro Castillo.

“Condenamos la filtración de información de los asuntos internos del partido y atentados contra la unidad partidaria, siendo faltas muy graves según el estatuto, por lo que se dará inicio al proceso disciplinario respectivo”, añadió seguidamente la documento difundido por Cerrón Rojas.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo advirtió que cometer acoso político “es una manifestación de violencia” y recordó que es “una conducta individual o colectiva” que “limita y obstaculiza sus derechos políticos por su condición de mujer”.

“El acoso político es una manifestación de violencia basada en el género y discriminación contra las mujeres que limita su derecho a la participación política. Es una conducta individual o colectiva que menoscaba, anula, impide, limita y obstaculiza sus derechos políticos por su condición de mujer. Por ello, rechazamos esta modalidad de violencia que se presenta en los distintos ámbitos de la política”, apuntó la institución dirigida por Walter Gutiérrez.

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En ese sentido, la Defensoría del Pueblo pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) poner en funcionamiento la reglamentación que permita la disposición de multas para las organizaciones políticas que incurran en actos de acoso político.

“Demandamos al Jurado Nacional de Elecciones a implementar la reglamentación para la aplicación de pena de multas a aquellos que cometan actos de acoso político. Asimismo, solicitamos a las instituciones competentes y a los gobiernos regionales y locales a cumplir con las obligaciones determinadas por la Ley 31155″, concluyó.

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