Unos audios difundidos ayer por el programa Cuarto Poder comprometen al actual contralor general de la República, Edgar Alarcón. 

De acuerdo a las conversaciones propaladas por el citado medio, Alarcón -cuando ejercía la función de vicecontralor-, pidió al auditor del órgano de control, Walter Grados, que retire una denuncia en su contra presentada a la titular del Congreso, Luz Salgado, quien la derivó en su momento a la Comisión de Fiscalización, liderada por el fujimorista Héctor Becerril.

“Quisiera, más bien, que evalúes una posibilidad. Tómalo como posibilidad. ¿Qué pasaría si es que retiras la denuncia del Congreso? (...) Piénsalo, Walter, no quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. Entonces, por la amistad que tenemos te digo, piénsalo”, le manifiesta Alarcón a Grados.

Incluso, el jefe del ente encargado de velar por los bienes y recursos del Estado le asegura a su subordinado que se someterá ante él y le pide que escuche sus descargos.

“Llegó al extremo de solicitarme que retire la denuncia. Entonces, yo le digo, cómo puedo retirar una denuncia, no me puedo tirar atrás”, dijo Grados a Cuarto Poder.

DENUNCIAS. La preocupación de Alarcón radica, según el reportaje, en que Walter Grados halló seis ilícitos. El primero de ellos está relacionado al apego del Contralor por los autos: entre el 2013 y 2015, siendo Edgar Alarcón vicecontralor de la República, compró nueve lujosos vehículos por un monto total de 182,550 dólares, los que, de acuerdo a la acusación, no los declaró ante Registros Públicos.

El segundo acto, supuestamente ilegal, está relacionado a una de sus extrabajadoras: la exfuncionaria del área de Tesorería de la Contraloría, Marcela Emilia Mejía Franco.

Ella habría sido liquidada del órgano controlador, en el 2010, de manera presuntamente irregular con S/127 mil y otros S/100 mil, bajo el concepto de pago de viáticos. Las sospechas se sitúan en que el sueldo de Mejía Franco era de S/3350 al mes.

ESTANCADO. Pese a la solicitud de Edgar Alarcón para que el auditor Walter Grados retroceda, el folio de la denuncia ya estaba en el despacho de Luz Salgado (Fuerza Popular) y en la oficina de su colega de bancada, Héctor Becerril. Al abogado solo le quedaba ser citado para sustentar sus imputaciones ante el grupo de Fiscalización, pero ello nunca sucedió.

La denuncia acabó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la también fujimorista Karina Beteta. Sin embargo, como los cargos contra Edgar Alarcón corresponden a su periodo como vicecontralor, dicho subgrupo no era la instancia correcta.

DESCARGO. En su descargo, el contralor Edgar Alarcón refirió al programa de América Televisión que le parece sospechoso que justamente la denuncia de su auditor salga a la luz tras haberse emitido el informe sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero (Cusco), que provocó la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

POCO TÉCNICO. El informe de la Contraloría sobre la adenda Chinchero ha sido calificado por el Ejecutivo como político y no técnico.

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