Sorpresivamente, el contralor general de la República, Edgar Alarcón, interpuso ayer una denuncia constitucional contra el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, por presunta infracción a la Carta de 1993.

Alarcón menciona en el documento una supuesta tentativa de injerencia y menoscabo de su autonomía funcional.

Se refiere a la conversación sostenida entre ambos en mayo último, la cual fue grabada de manera subrepticia.

El Contralor presentó el documento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, que preside la legisladora Karina Beteta (FP).

En el documento, explica que lo hace “como persona directamente agraviada”.

Tras apelar a los artículos 99° y 100° de la Constitución Política, y al 89° del reglamento del Congreso, Alarcón interpuso “formal denuncia constitucional por infracción a la Constitución por tentativa de menoscabo de injerencia de la autonomía funcional de la Contraloría General de la República...” (sic).

La demanda del Contralor ocurre en un contexto en el que diversas bancadas parlamentarias preparaban una eventual censura contra el ministro Alfredo Thorne.

A TRÁMITE. El siguiente paso es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucional evalúe, en primer lugar, su admisibilidad, es decir, si cumple con los procedimientos previstos en la Constitución y el reglamento del Congreso para este tipo de denuncias, comentó el legislador Víctor A. García Belaunde (AP), miembro de este grupo de trabajo.

Si es admitida, detalló, se inicia un proceso de investigación que debe culminar en 15 días útiles, tras lo cual la Subcomisión produce un dictamen para el conocimiento de la Comisión Permanente.

Posteriormente, esta instancia somete el documento a debate y votación. Si es aprobado, es remitido al pleno del Congreso para la decisión final. Si la Comisión Permanente decidiese no aprobar el dictamen, la denuncia es archivada, informó el legislador.

En otro ángulo, el abogado y analista político Diethell Columbus opinó que la denuncia del Contralor “es parte de una estrategia de defensa jurídica y política”.

A su juicio, se trata de un documento “sin mayor sustento jurídico”, en vista de que una infracción constitucional va de la mano con delitos graves. “Acá se habla de una tentativa (…) es decir, no hubo un acto consumado (…) Estamos hablando de derecho penal. Infringes o no la ley penal”.

“No puedes decir ‘quiso vulnerar la autonomía de la Contraloría’. En el peor de los casos, es una tentativa, una intención no ejecutada”, manifestó.

DURA RESPUESTA. En tanto, la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz cuestionó a Edgar Alarcón por la acusación constitucional y lo calificó de “caradura” por contraatacar en vez de dejar el cargo. Por su parte, el vocero de PPK, Carlos Bruce, consideró que el Contralor busca solo “distraer” con la acusación.

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