El Contralor de la República, Édgar Alarcón, afirmó este martes estar dispuesto a responder ante el Congreso de la República respecto a los cuestionamientos en su contra en referencia a la compraventa de vehículos, y que ha generado una investigación preliminar por lavado de activos en el Ministerio Público. Dijo que se ejecuta una operación que busca desarticular la Contraloría de la República. “Hay toda una operación armada para desarticular la Contraloría para dejarla sin cabeza. Hay una campaña mediática estructurada bastante bien”, sentenció. 

Édgar Alarcón informó que presentó hace dos semanas un oficio a la Comisión de Fiscalización presidida por Héctor Becerril para presentar sus descargos sobre la cuestionada adquisición de más de 90 vehículos entre los años 2002 y 2015 cuando laboró como vicecontralor.

“El contralor tiene que ser o no tiene que ser, no hay una figura de pedir licencia. Lo único que queda acá es que el Congreso diga 'que se someta el contralor a Fiscalización o el grupo correspondiente'. Yo iré a responder y ese grupo o comisión al final propone o determina las acciones del caso. Yo tengo las cosas en regla”, añadió.

En ese sentido, el Contralor rechazó que la compra haya sido irregular porque todo está “en orden” y “documentado” pues se trató de una adquisición familiar. Indicó que por este caso, también acudirá al llamado de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a cargo de la magistrada Yovana Mori García. 

“Lo que me están cuestionando es que cuando era vicecontralor, año 2013 al 2016, no debía de tener actividad lucrativa. Yo no realicé actividad lucrativa esos años. Mi esposa y yo, la sociedad conyugal, hemos renovado tres veces el vehículo (…) ¿Por el hecho de haber movido en Registros Públicos en cuatro años siete veces el vehículo me he dedicado a la compraventa de carros? No es así, está documentado”, sostuvo Édgar Alarcón. 

De otro lado, el titular de la Contraloría adelantó que evalúa acciones legales en aras de salvaguardar la integridad de la Contraloría y su persona tras la difusión de audios de la conversación que mantuvo con el  ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, el pasado 17 de mayo donde se abordó el tema de la adenda del aeropuerto de Chinchero. 

Al conocer que Thorne solicitará un peritaje a los audios difundidos, indicó que está en su derecho y qué hará lo propio. “Está en su derecho porque yo voy a hacer lo mismo (…) Si quiere peritaje que lo haga, yo también estoy viendo las acciones legales porque tengo que salvaguardar la integridad de la Contraloría y de mi persona”, indicó.

Volvió a reiterar que existió presión por parte del titular del MEF de conceder el presupuesto a la Contraloría, si el informe de la adenda de Chinchero era favorable. “El objetivo de la reunión es decir que hay un requerimiento de recursos y de lo primero que se habla es de ‘si pasa Chinchero te va bien, si no pasa te va mal’”, acotó.

Édgar Alarcón dio declaraciones a la prensa tras salir de la sede de la Primera Fiscalía Anticorrupción, en el centro de Lima, como parte de otra investigación en su contra. El contralor rindió su manifestación ante la fiscal anticorrupción, Zoila Sueno por el supuesto pago irregular de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) de la ex trabajadora de la Contraloría, Marcela Mejía Alarcón, quien recibió un salario de S/ 3.350. Fue cesada en el 2010 y habría recibido una liquidación presuntamente irregular de S/127.000, además de S/100.000 por pago de viáticos.