La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisa a diez partidos políticos que recibieron financiamiento público directo, con el fin de verificar que el uso de estos recursos se ajuste a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas.

La fiscalización alcanza a las agrupaciones con representación en el Congreso elegidas en 2021, entre ellas Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y otras cinco organizaciones.

Según la normativa vigente, hasta el 50 % de los fondos puede destinarse a gastos de funcionamiento, como bienes, alquileres, servicios y contratación de personal, incluida la asesoría legal.

El porcentaje restante debe emplearse obligatoriamente en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, garantizando criterios de igualdad, paridad y no discriminación.

Durante las visitas, la ONPE revisa documentación contable, financiera y administrativa, además de movimientos bancarios y sustentos de gasto.

Al finalizar cada inspección se levanta un acta con eventuales observaciones, que pueden ser subsanadas en un plazo de cinco días hábiles; de persistir irregularidades, se evalúa el inicio de un procedimiento sancionador, cuyos informes y rendiciones de cuentas son publicados en la plataforma digital CLARIDAD.