La decisión del presidente Pedro Castillo de dejar plantada a la Comisión de Fiscalización y no responder por el caso Sarratea podría haber conducido al mandatario a cometer una infracción constitucional, una falta que es sancionada con la destitución del cargo o la inhabilitación para la función pública.

Así lo advirtió el exmiembro del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña. En Exitosa, explicó que el mandatario podría enfrentar una nueva acusación si es que la comisión que preside Héctor Ventura (FP) considera que el mandatario vulneró el artículo 97 de la Constitución, que contempla que el Parlamento “puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público”.

“Si el informe que debe presentarse mañana dice que el presidente se ha opuesto a cumplir con el artículo 97 de la Constitución, que dice que hay que darle facilidades al Congreso para poder habilitar cualquier investigación; el presidente podría incurrir en lo que se llama una infracción constitucional”, señaló Espinosa-Saldaña.

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El exmagistrado también cuestionó la estrategia emprendida por la defensa legal del presidente al señalar que un proceso a nivel del Parlamento va “más rápido” que en instancias judiciales.

Dijo que el informe del grupo de trabajo debería ser derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego a la Comisión Permanente y finalmente al pleno para su debate.

LECTURA. Por su parte, Benji Espinoza, abogado del presidente, negó -en RPP- que Castillo Terrones infringiera la Constitución y sostuvo que el mandatario “tiene un estatuto de inviolabilidad”, del que han hecho uso exjefes de Estado.

En tanto, se espera que hoy la Comisión de Fiscalización presente su informe final del caso Sarratea, dado el cumplimiento del plazo establecido para su labor.

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