El expresidente Ollanta Humala recuperó su libertad este viernes y abandonó el penal de Barbadillo, luego de que el Poder Judicial ordenara su excarcelación en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional (TC), que anuló la sentencia de 15 años de prisión efectiva impuesta al expresidente por el delito de lavado de activos.

El exmandatario salió a bordo de una camioneta y declaró brevemente a la prensa indicando que fue “secuestrado por el Estado”, y posteriormente se dirigió a su vivienda ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco.

“Hemos sido víctimas de una persecución política”, incidió el exjefe de Estado.

La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, después de que el TC declarara fundado el hábeas corpus presentado por la defensa de Humala.

El recurso buscaba dejar sin efecto tanto la condena como el proceso penal seguido por los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

En su resolución, el Tribunal Constitucional concluyó que los hechos atribuidos al exmandatario no podían ser sancionados como lavado de activos, debido a que la figura penal aplicada no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos investigados.

Asimismo, precisó que ningún juez puede condenar con base en una norma derogada o posterior a la comisión del delito, al considerar que ello vulnera el principio de legalidad.

Tras la notificación judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó los trámites para la liberación del exjefe de Estado, quien permanecía recluido en el Penal de Barbadillo desde el año pasado. Con ello, quedó sin efecto la condena que cumplía por el caso relacionado con el financiamiento de sus campañas electorales.

El abogado de Humala, Julio Espinoza, señaló que la exprimera dama Nadine Heredia recibió la decisión “con mucha expectativa” y expresó su confianza en que el reencuentro familiar pueda concretarse en los próximos días, luego de que el exmandatario recuperara su libertad.

La excarcelación de Humala marca un nuevo giro en uno de los procesos judiciales más emblemáticos vinculados al financiamiento de campañas políticas en el país, tras la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto la condena y ordenar la reposición de sus derechos.

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