La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, amplió hasta por ocho meses el plazo de investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el primer ministro, Alberto Otárola, y otros por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de 2023.
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Cabe señalar que la investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves también involucra a los ministros Jorge Chávez y Vicente Romero, así como a los exministros Pedro Angulo, Víctor Rojas y César Cervantes.
Las diligencias conta Dina Boluarte se iniciaron el 10 de enero con un plazo inicial de ocho meses. No obstante, el 7 de septiembre, la fiscalía decidió prolongar la fase de investigación preliminar por 45 días, que originalmente debía concluir el 25 de octubre. En una segunda ocasión, el 23 de octubre, se aprobó una extensión adicional de ocho meses para continuar con las indagaciones.
Durante este período, Patricia Benavides dispuso que se tomarán declaraciones como testigos a la Ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Diaz, así como a los titulares de las carteras de Economía y Finanzas, Álex Contreras Miranda, y de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes. También se incluyen los exministros Luis Alfonso Adrianzén (Trabajo), Óscar Becerra (Educación), Rosa Gutiérrez (Salud), Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones) y Nelly Paredes (Desarrollo Agrario).
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En una segunda ocasión, se aprobó una extensión adicional de ocho meses para continuar con las indagaciones.