Nuevos elementos en la presunta trama de corrupción que involucra a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, generan sospechas sobre su gestión como titular del Ministerio Público.

La alta funcionaria es sindicada como la presunta cabecilla de una organización criminal, según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), junto a tres de sus exasesores: Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, sus presuntos  “operadores” en el Congreso de la República.

EN DETALLE

La fiscal Marita Barreto, separada por Benavides del Eficcop, presentó un informe ante la titular del Ministerio Público, según información difundida por el programa Beto a Saber, que solicitaba la detención preliminar por 10 días y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un grupo de congresistas.

Se trata de seis legisladores investigados por el caso “Los Niños”: Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza e Hilda Portero (Acción Popular); Wilson Soto (Perú Libre), Francis Paredes (Podemos Perú) y Katy Ugarte (Unidad y Dialogo Parlamentario).

Fue el coronel de la Policía Nacional (PNP) y titular de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, quien pidió al Eficcop la detención de estos parlamentarios y de otros funcionarios -en dicho momento- del Ministerio de la Producción: Jorge Palomino Cordero, director general de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE; y Raúl Pérez Reyes, director general de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, entre otros.

El requerimiento se envió el 5 de diciembre de 2022, dos días antes del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Benavides, sin embargo, habría hecho caso omiso a la solicitud.