El Ministerio Público presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 32326, norma que modifica el Decreto Legislativo 1373, el cual regula el proceso de extinción de dominio, una herramienta clave para recuperar bienes obtenidos de forma ilícita.
Según indicó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, esta modificación representa un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción, al restringir las posibilidades del Estado de confiscar patrimonios vinculados a actividades delictivas.
Expertos en derecho penal ya habían advertido que los cambios aprobados por el Congreso favorecían a personas investigadas por delitos graves. En esa línea, Espinoza advirtió que la norma da un “salvavidas legal” a quienes enfrentan procesos por corrupción o narcotráfico, al imponer condiciones que dificultan la recuperación de activos ilegales.
Con la presentación de esta demanda, el Ministerio Público busca que el Tribunal Constitucional anule la Ley 32326 y restituya el marco legal anterior, que brindaba mayores facultades tanto a fiscales como a jueces para actuar sobre bienes ilícitos.
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Fiscal de la Nación presenta demanda ante el TC contra norma que limita extinción de dominio
Delia Espinoza cuestiona que la Ley 32326 debilita la lucha contra el crimen organizado y busca que se declare su inconstitucionalidad.