Andrea Pereyra

La Fiscalía de la Nación y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) advirtieron que las recientes normas aprobadas y en debate en el Congreso representan serias limitaciones para sancionar eficazmente la minería ilegal, el tráfico de flora y fauna silvestre y otros delitos ambientales.

Frank Almanza Altamirano, fiscal superior y coordinador nacional de las FEMA, señaló que la minería ilegal genera pérdidas superiores a S/ 22 mil millones anuales, equivalentes al 2.5 % del PBI, y está vinculada al crimen organizado, trata de personas, corrupción y lavado de activos.

Indicó que existen vacíos legales que favorecen a la minería ilegal, como las prórrogas constantes del Reinfo y la Ley MAPE, que propone un registro paralelo sin plazos ni exigencias para actividades informales.

Entre las normas cuestionadas figuran las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado, que excluyen a la minería ilegal, su financiamiento y la contaminación ambiental por tener penas menores a cinco años. También preocupan los cambios a la Ley de Extinción de Dominio y la falta de registro obligatorio de maquinaria pesada.

Por su parte, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, destacó que la minería ilegal mueve siete veces más recursos económicos que el narcotráfico.

Pese a las limitaciones presupuestales, afirmó que el Ministerio Público mantendrá su labor con autonomía.

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