El Poder Judicial evaluará hoy en una audiencia pública, a partir de las 11:00 a.m., la solicitud fiscal que busca impedir la salida del país del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, por un plazo de 18 meses.

La investigación inició “tras identificarse un presunto direccionamiento en el contrato de la empresa (Gálaga), encargada del despliegue de los materiales de sufragio” en las Elecciones Generales 2026.

En detalle

La solicitud será sustentada por el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial anticorrupción.

La solicitud no solo alcanza a Corvetto, sino también al representante legal de Gálaga, Juan Alvarado; y a cinco exfuncionarios de la ONPE.

Estos son José Samamé, exgerente de Gestión Electoral; Juan Phang, subgerente de Producción Electoral; Hilda Otoya, asistente de la Subgerencia de Producción Electoral; William García, relacionado al área usuaria del servicio; y Lilia Flores, miembro del comité evaluador del proceso de contratación.

Según la tesis fiscal, al interior de la ONPE “se aplicó un criterio interpretativo” de ciertos requisitos, establecidos en el proceso de licitación, para favorecer a Gálaga.

Ayer, Canal N informó que en el allanamiento que se realizó al domicilio de Corvetto el último viernes, la Fiscalía le incautó un pasaporte con fecha de caducidad de 10 de agosto de 2026. Este documento desmentiría la postura que quiso mostrar el ex jefe de la ONPE al entregar dos pasaportes, uno peruano y otro italiano, al Ministerio Público.

Más pesquisas

Entre tanto, un equipo del Ministerio Público se apersonó ayer a la sede de la ONPE, en horas de la mañana, para ejecutar una “exhibición de documentos”.

El objetivo fue “recabar información sobre nuevos contratos efectuados entre la ONPE y otros proveedores de servicios vinculados a las elecciones del 12 de abril”.