En medio de la difusión de documentos fiscales que involucran al presidente Pedro Castillo y a su entorno en presuntos actos de corrupción, su Gobierno no ha tenido mejor idea que elaborar un proyecto de ley que tiene por objetivo penalizar hasta con tres años de prisión suspendida a los jueces, fiscales, policías y abogados que filtren información reservada sobre investigaciones.

La iniciativa que sería presentada esta semana podría afectar el trabajo de periodistas al intentar sancionar a sus principales fuentes de información.

MOTIVOS

Fue el ministro de Justicia, Félix Chero, quien reveló que su equipo técnico trabajó en la iniciativa al identificar que investigaciones fiscales que son reservadas, terminan por filtrarse.

“Solo pueden tener acceso las partes sometidas al proceso, no estamos hablando de los medios de comunicación que tienen sus propias fuentes, pero si de fiscales, jueces y policías”, manifestó

En diálogo con canal N, sostuvo que filtrar información reservada dolosamente a terceros, sería un delito.

“Cuando se hace (se filtra) información con fines de obstruir, obstaculizar o desnaturalizar el desarrollo de la investigación, creo que resulta pertinente que se tenga que establecer no solo mecanismos de control y fiscalización, sino también punitivos cuando esta información llega a terceros”, precisó.

El integrante del Gobierno de Castillo sostuvo que cuando una investigación reservada se filtra, se altera la indagación y se afectan los derechos fundamentales.

“A veces se etiqueta a una persona investigada como si fuera un delincuente o estuviera condenada. Se viola el principio de presunción de inocencia y la reserva de la investigación”, afirmó.

Según Chero, la propuesta no tiene correlación con la filtración de documentos que involucran al mandatario.

Al ser consultado sobre cómo identificarán a los que filtren datos de la investigación sin que los periodistas revelen sus fuentes, dijo que “hay otros mecanismos”.