Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidió el impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes Juan Silva Villegas.
Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidió el impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes Juan Silva Villegas.

“Cien grandes para usted, para usted, este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de buena señal. No, es la primera que me han mandado de Tarata para que sepas me lo han mandado con todo y maleta, esta es la primera gestión que hemos logrado”.

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Esto es un fragmento del audio revelado por Willax TV entre el detenido empresario Zamir Villaverde y elexministro de Transportes, Juan Silva Villegas, sobre una presunta recepción de una coima por parte de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa) que conformó el consorcio Puente Tarata III a cambio de verse favorecido con la adjudicación de la obra Puente Tarata, sobre el río Huallaga, en la región San Martín.

La prueba fue recogida y transcrita por la fiscal provincial anticorrupción Karla Zecenarro, quien elevó el informe al fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez.

Este material fue parte de los indicios para que Sánchez dispusiera abrir investigación preliminar contra Juan Silva y el grupo de seis congresitsas de Acción Popular conocidos como “Los Niños” por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión agravada.

De hecho, Sánchez solicitó impedimento de salida a todos los mencionados por 36 meses para Silva y 9 para los parlamentarios investigados.

La transcripción -que consta de seis páginas- también revelan otras presuntos tratos ilícitos que comprometen a otras obras públicas e, incluso, una designación en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) a un conocido de Zamir Villaverde.

A pesar de la gravedad de los hechos, Palacio de Gobierno y el presidente Pedro Castillo -comprendido como investigado en el mismo caso que Silva y los congresistas de AP- permanecieron silentes a la prensa.

Ayer, se realizó una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros pero para tratar el conflicto social en Las Bambas, que ha paralizado las operaciones de la compañía desde hace 50 días. Sobre los audios, nada.

El asesor presidencial, Daniel Salaverry, también ingresó a la casa de Pizarro.

SITUACIÓN. Sobre Juan Silva Villegas, está pendiente que el Poder Judicial resuelva la solicitud de la Fiscalía de la Nación de impedimento de salida del país.

Se espera que la próxima semana el juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, resuelva esta situación así como para los congresistas (AP) Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López.

¿Pero es la única medida que puede afrontar Juan Silva, tras conocerse la transcripción de este audio?

En diálogo con Correo, el abogado penalista Andy Carrión explicó que la fiscalía puede solicitar la detención, al término de la investigación preliminar que consta de 120 días. “Creo que, en este caso, amerita una detención preliminar y luego una prisión preventiva. No significa el hecho de que haya pedido, en primer lugar, impedimento de salida, que posteriormente no vaya a solicitar la detención. Para ello, tienes que estar a puertas de pasar de la preliminar a la investigación preparatoria”, explicó.

Como se recuerda, Juan Silva negó ante la Comisión de Fiscalización, en mayo último, que conoció personalmente a Villaverde, ni haberse reunido con él en el MTC. “Incluso antes de que sea ministro no lo he conocido”, mencionó Silva. Esta semana, el exministro dijo a Exitosa no recordar que si lo conoce.

Al respecto, Carrión dijo que lo dicho por el exministro revelarían indicios de obstrucción a la justicia por, opinó, omitir “datos importantes que podrían significar hechos concretos de su participación en los hechos materia de investigación”.

“Sus declaraciones (de Silva) ante el Congreso son oficiales. El Congreso es una institución. Ello podría verse como un acto de obstrucción a la justicia respecto a la investigación que se realiza en el Ministerio Público” ,añadió.

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PENA. La exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, advirtió que los delitos imputados al exministro sumarían una pena de 30 años de prisión.

“(La transcripción del audio) ya ha sido incorporado al proceso por el Ministerio Público y será valorado por el Poder Judicial. Considero que es un medio probatorio muy importante que está corroborando lo que van diciendo los colaboradores. Y aquí va una sindicación directa para el exministro de que le entregaron dinero a cambio de dar beneficios a empresarios que tenían obras e intereses dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”, declaró.

“Estamos hablando de graves delitos de corrupción de funcionarios. Por el delito de colusión agravada, estamos hablando de 15 años, y por el delito de organización criminal, puede llegar a los 20 años. Entonces, aquí la pena no va a ser menos de 30 años de pena privativa de la libertad. Son penas muy graves”, agregó Ampuero.

REACCIONES. Por su parte, el congresista no agrupado Enrique Wong dijo que la Comisión de Fiscalización estaría volviendo a citar al exministro Juan Silva, tras la difusión de la transcripción del citado audio.

“Como investigado (Juan Silva), nuestra capacidad como comisión fiscalizadora es levantar el secreto tributario, bancario y de comunicaciones. Entran los audios. Cuando pasa a investigado, cualquiera a través de la Comisión de Fiscalización se lo llama a declarar”, dijo a la prensa.

Estimó que el próximo miércoles podría ser citado ante el grupo de trabajo. “Si no acude, puede ser traído de grado fuerza”, agregó.

Sobre el tema, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, indicó que hay un “grupo de delincuentes” que habrían tomado el control del Gobierno con la elección de Pedro Castillo.

Señaló que el mandatario no desea prestar atención a lo que está ocurriendo dentro de su mandato, con sus funcionarios de Estado, y que pareciera que las denuncias no les afecta en lo más mínimo.

En tanto, el vocero de la bancada de Somos Perú, Wilmar Elera, afirmó que su partido político ha retirado su respaldo al presidente Pedro Castillo, debido a los últimos indicios de presuntos actos de corrupción.

“Una cosa es la gobernabilidad, pero este tipo de delitos, Somos Perú no apoya”, expresó.

El congresista de Perú Democrático, Héctor Valer, dijo que de comprobarse estos audios -que han sido trasncritos por la fiscalía- no blindará a personas comprometidas con una red de corrupción.