El Gobierno dispuso la declaratoria de emergencia en varios distritos de algunas provincias de las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima Moquegua, Pasco y San Martín, ante el peligro inminente debido a las intensas lluvias que se registran en esas jurisdicciones.

La medida cristalizada a través del Decreto Supremo N° 034-2026-PCM, dispone un plazo de 60 días calendario, para ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda.

Además, mediante el Decreto Supremo N° 035-2026-PCM, se declara por un plazo de 60 días calendario el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La última medida obedece a la urgencia de desarrollar las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Declaratoria de emergencia

Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 036-2026-PCM, el Ejecutivo dispuso la declaratoria de emergencia por 60 días calendario en varios distritos de las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna.

La declaratoria de emergencia busca evitar el impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, y para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación.

Medidas y acciones de excepción

En todos los casos se establece que los gobiernos regionales y locales involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento del Indeci, así como la participación de diversos ministerios, y demás instituciones públicas y privadas involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competente.

Las normas también refieren que la implementación de las acciones previstas se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.