El Estado peruano vive hoy una situación de indefensión al carecer de un representante jurídico idóneo que lo defienda correctamente de los perjuicios causados por la corrupción.

Ayer, el presidente de la República Pedro Castillo -investigado en seis carpetas fiscales por el Ministerio Público- buscó resolver el nombramiento de un nuevo procurador general del Estado, luego de que la Contraloría emitiera un informe a través del cual observó una serie de irregularidades en el proceso de designación de María Caruajulca Quispe en dicho cargo, desde febrero.

Sin embargo, y como dice el refrán, el remedio parece que fue peor que la enfermedad debido a que el nuevo procurador, Javier Wilfredo León Mancisidor, también tiene antecedentes penales: fue investigado por fraude a favor del condenado narcotraficante Fernando “Lunarejo” Zevallos.

Según el boletín de normas legales de El Peruano, el gobierno nombró a León Mancisidor como nuevo titular de la PGE en reemplazo de María Caruajulca. La disposición cuenta con las firmas del presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia, Félix Chero Medina.

Así, María Caruajulca deja la Procuraduría General del Estado, con tres denuncias penales que esperan ser tramitadas ante el Ministerio Público por presuntos actos irregulares en la institución así como haber guardado silencio cuando el presidente Castillo fue interrogado por la Fiscalía.

Además, la abogada fue protagonista de un revelador audio, difundido por este diario en julio pasado, en el que se le escucha decir: “A través de mí, quieren llegar al presidente”, en relación a las denuncias que salían en su contra en la prensa.

Caruajulca fue nombrada por el entonces ministro de Justicia, Ángel Yldefonso como titular de la PGE, luego de remover a Daniel Soria Luján, el abogado que denunció al jefe de Estado por el caso Puente Tarata ante la Fiscalía de la Nación.

La semana pasada, la Contraloría advirtió, a través de un informe, que la abogada había sido designada para el cargo a pesar de que no presentó una declaración jurada respecto a que no tenía procesos en su contra.

Ante ello, el órgano de control pidió al Ministerio de Justicia tomar las acciones correctivas y preventivas del caso. Sin embargo, en la resolución que figura en el diario El Peruano, el gobierno de Pedro Castillo señala que el retiro de Caruajulca es por una “pérdida de confianza”.

ANTECEDENTES.

Dejado atrás el caso Caruajulca, no deja de ser preocupante la nueva designación del gobierno en la Procuraduría General del Estado.

Esto por no atender a los criterios de idoneidad en el acceso de la función pública, que están comprendidos en el reglamento de la Ley N° 31419, aprobado paradójicamente por el gobierno de Pedro Castillo el 18 de mayo del 2022.

Una publicación del diario El Comercio (2013) reveló que Javier Wilfredo León Mancisidor habría sido una pieza clave para las acciones ilícitas de Fernando Zevallos González, “Lunarejo”, a fin de que el condenado por narcotráfico pueda mantener, desde su celda en el penal de Piedras Gordas (Ancón), el control de una lujosa vivienda que tenía, en ese entonces, en Las Casuarinas, Surco.

Wilfredo León fue investigado por la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima por los presuntos delitos de apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal junto a otras cuatro personas implicadas en graves ilícitos que permiten al “Lunarejo” haber frustado el desalojo de su familia del inmueble de Surco, valorizado en $ 1 millón.

El abogado habría conseguido, a través de una junta de accionistas apócrifa, la representación legal de Lumiere Maritime Inc., empresa propietaria de la casa de Las Casuarinas, para favorecer a Fernando Zevallos.

La denuncia ante el Ministerio Público fue interpuesta por el empresario Ramón Miranda Eyzaguirre, auténtico apoderado legal de Lumiere Maritime Inc., quien le vendió al exdueño de Aerocontinente el inmueble en 2002. Sin embargo, ‘Lunarejo’ perdió la propiedad en un juicio debido a que dejó de abonar las cuotas mensuales de US$10 mil fijadas en el contrato desde su detención, reportó el diario El Comercio.

Por esos días, Javier León era asesor del despacho del entonces congresista fujimorista Carlos Tubino, quien tras enterarse de la denuncia periodística dispuso cesar del cargo al funcionario.

ESPERADO.

En diálogo con Correo, la exprocuradora ad hoc Katherine Ampuero dijo que no está sorprendida por el nombramiento del nuevo procurador general del Estado Javier Wilfredo León, vinculado al condenado Fernando “Lunarejo” Zevallos.

“Es una decisión esperada de este gobierno, siendo el nuevo procurador sumamente cuestionado”, dijo Ampuero.

Manifestó su preocupación porque el procurador general del Estado es el único funcionario facultado para denunciar a los altos funcionarios como el presidentepor presuntos actos de corrupción.

En ese sentido, criticó la actual ley de defensa jurídica del Estado, que determina la designación del procurador “a dedo” por el presidente de la República, tras una recomendación del ministro de Justicia.

“Es importante que el Congreso debata proyectos ley para modificar el sistema de defensa jurídica del Estado y que el nombramiento del procurador general del Estado no sea nombrado a dedo sino por concurso público”, remarcó